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El Defensor del Pueblo Andaluz admite a trámite una queja de APIA sobre la recuperación de las 35 horas

Por la correcta recuperación de las 35 horas semanales

El sindicato insiste en que el horario, actualmente en 37,5 horas semanales, debe volver a implantarse con todas las garantías legales.

Sevilla, 27 de Junio de 2016.- La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha hecho llegar al Defensor del Pueblo Andaluz su preocupación por la vuelta al horario de las 35 horas semanales que se quiere recuperar. El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite dicho documento en el que el colectivo de docentes ha reflejado siempre su preocupación porque “se implante con todas las garantías legales oportunas”, tal y como ha referido en ocasiones anteriores. 

Como se recordará, el pasado 14 de febrero, el sindicato de Secundaria instaba formalmente a la Consejería a iniciar, sin más demora, los trámites legales oportunos, modificando el cuerpo legal existente (en particular, la Orden de 20 de agosto de 2010), para la correcta aplicación de la jornada de 35 horas semanales al personal docente de su ámbito de gestión, a partir del próximo 1 de septiembre, según dispone el Real Decreto-Ley 5/2016, de 11 de octubre. 

En el escrito de petición se hacía constar que, dado el carácter no lineal de la jornada laboral del profesorado, la prevista minoración en 2,5 horas ha de repartirse proporcionalmente entre todos los componentes que la conforman. Esto es, 2 horas de las actuales 30 de permanencia (que quedarían reducidas a 28, de las cuales 24 tendrían carácter regular y 4 irregular) y 0,5 horas de las actuales siete horas y media de libre disposición (que quedarían reducidas a 7). Igualmente se advertía que la anterior aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales, en el año 2000, incurrió en fraude de ley al hacer recaer el total de la reducción (de 37,5 a 35 horas), de manera completamente arbitraria, en el horario de libre disposición.

El pasado 22 de marzo, la Consejería dirigió un pintoresco escrito de respuesta a APIA, en el que uno de sus cargos orgánicos, que poco o nada tiene que ver con la petición planteada, responde con evasivas, eludiendo contestar a la solicitud realizada, a la vez que manifiesta una completa ignorancia del procedimiento administrativo en vigor. Todo ello hace pensar que la Consejería pretende optar por la vía de hecho, “sin importarle lo más mínimo pisotear el derecho”, precipitando en septiembre una aplicación sesgada y completamente arbitraria del Decreto-ley citado, que hará recaer la reducción prevista sobre el horario de libre disposición en exclusiva, con todo lo que ello comporta.  

La inacción mostrada hasta el momento por la Consejería resulta harto sospechosa por cuanto, en cualquiera de los casos (se opte finalmente por aplicar la reducción de jornada de una forma u otra), estaría obligada a llevar a cabo los cambios legislativos necesarios para su aplicación con todas las garantías del Estado de Derecho. No parece sin embargo que vaya a ser así, aunque bien es cierto que a estas alturas no resulta, por desgracia, sorprendente.

APIA ha dejado claro al Defensor del Pueblo que la actitud de la Consejería vulnera preceptos legales esenciales de nuestro ordenamiento jurídico, entre ellos la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del derecho de petición y el art. 81 de la Ley 9/2007, de Administración de la Junta de Andalucía, que lo incluye. Otros de los artículos vulnerados son el 44 y 45 de la Ley6/2006, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía (que regulan los trámites de audiencia e información pública relativos a la potestad reglamentaria); los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (relativos al derecho a la negociación colectiva); y finalmente la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical y el art. 28.1 de la Constitución Española, que protege el derecho fundamental a la libertad sindical.

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ECODIARIO se ha hecho eco de esta nota de prensa.

Ver también: APIA exige a la Consejería de Educación que implante "con las debidas garantías" la jornada laboral de 35 horas a los profesores de Secundaria.