Mediocridad inoperante activa

Gonzalo Guijarro

27 de septiembre de 2007

Como cualquiera puede comprobar en Internet, los psiquiatras tienen tipificado un síndrome llamado de “Mediocridad Inoperante Activa” (MIA), que suele estar en la base de los casos de acoso laboral. Los afectos de MIA son sujetos carentes de creatividad, pero con un desenfrenado deseo de notoriedad, influencia y control sobre los demás; lo primero les incapacita para buscar su propia excelencia en cualquier campo, lo segundo para reconocerla en otros. Son, sin embargo, capaces de infiltrarse en grandes organizaciones, en las que despliegan una enorme actividad inoperante que genera grandes cantidades de burocracia inútil, cuya finalidad no es otra que impedir el desarrollo de cualquier actividad realmente creativa; la envidia enfermiza que padecen les induce a obstaculizar así a sus compañeros más brillantes. Para evitar sospechas, acostumbran a disfrazar sus siniestros manejos con pretensiones de corte mesiánico. Según afirman muchos especialistas en este síndrome, los medios académicos resultan especialmente adecuados para las actividades de los mediocres inoperantes activos.
Por otra parte, es del dominio público que los profesores de secundaria han pasado en los últimos años de estar en los últimos puestos del ranking de bajas laborales por estrés y depresión a situarse en el segundo lugar, tras los bomberos. Curiosamente, tan espectacular aumento comienza a raíz de la instauración de la LOGSE, que conlleva la aparición de figuras tales como las de orientador o asesor, desempeñadas habitualmente por pedagogos sin experiencia docente en secundaria y cuya existencia se justifica exclusivamente mediante la acumulación de inoperantes exigencias burocráticas al profesorado. Si a esto le añadimos el notorio mesianismo del turbio lenguaje pretendidamente progresista tras el que acostumbran a parapetarse esos asesores y orientadores, la idea de que las crecientes depresiones de los docentes están originadas por el generalizado acoso de una turba de mediocres inoperantes activos comienza a resultar verosímil. Pero, sigamos rastreando. ¿Es posible encontrar otros indicios que apunten en el mismo sentido? Creo que sí; basta con seguir los puntos que, según los psiquiatras especialistas en acoso, tipifican la conducta de los acosadores.

Culpar a un profesional de los errores de otros o hacer públicamente comentarios acerca de su supuesta incapacidad, sin permitir respuesta por parte de la víctima.
Pese a que el informe PISA reconocía la buena preparación de los docentes de secundaria, mensajes como “a los profesores les falta formación” o “los profesores carecen de vocación” han aparecido en los medios de comunicación procedentes de la propia administración educativa, al tiempo que ésta impide cualquier foro de discusión acerca de las verdaderas causas del actual desastre. En las escasísimas ocasiones en que las autoridades educativas no han podido evitar el debate público, se han limitado a descalificar cualquier discurso crítico tachándolo de “conservador”, sin más argumentos.

Obligar a la víctima a soportar agresiones verbales e incluso físicas.
A pesar de que el 65% de los docentes de secundaria reconocen haber sido insultados durante el ejercicio de sus funciones y un 13% haber sufrido agresiones, el nuevo Decreto de Convivencia permite que los alumnos expulsados por su comportamiento permanezcan en el centro, con lo que el profesor agredido se ve obligado a seguir soportando sus impertinencias. Por otra parte, la Consejería de Educación se niega a personarse como acusación en los casos de agresiones a docentes.
Reducir la categoría de las tareas de la víctima e impedir su correcta realización.
Es del dominio público la vertiginosa caída de niveles que la imposición de la llamada “pedagogía comprensiva”, defendida por los asesores, ha acarreado en secundaria, así como el enorme aumento de las tareas burocráticas absurdas. Alicia San José, psicoanalista que ha tratado a multitud de profesores y autora del libro “El espacio del profesor” menciona en él que la principal queja de sus pacientes profesores es “no me dejan hacer mi trabajo”.

Por razones de espacio no continuaré con la lista, pero puedo asegurarles que no hay característica del acoso laboral descrita por los especialistas que no esté presente en la vida de los institutos. Así pues, la posibilidad de un acoso laboral institucional generalizado al profesorado de secundaria parece ganar verosimilitud. Sin embargo, queda una última objeción: ¿qué hay de las instituciones que deben velar por el correcto funcionamiento del sistema y por los derechos laborales de los docentes?, ¿acaso no perciben ese hipotético acoso? A ese respecto cabe mencionar principalmente dos cosas: una, que desde la implantación de la LOGSE la mayoría de los inspectores de secundaria han pasado de ser licenciados que obtenían el puesto por oposición a ser maestros de primaria designados “a dedo”, con lo que ha disminuido su profesionalidad y ha aumentado su servilismo hacia el poder político, que les ha regalado gentilmente el puesto; otra, que los representantes sindicales del profesorado son liberados totales –en su inmensa mayoría de primaria, con lo que los de secundaria carecen prácticamente de representación– que hace ya muchos cursos que no pisan un aula, y cuyo principal interés parece ser no volver a hacerlo, ya que jamás han criticado el constante trato discriminatorio dado por la Consejería de Educación a APIA, único sindicato de enseñanza cuyos representantes son profesores de secundaria en activo, que tan sólo disfrutan de una reducción de jornada para ocuparse de las labores sindicales.
Dejo al juicio del discreto lector decidir si la hipótesis de un acoso generalizado a los profesores de secundaria es o no plausible.