EL MUNDO

"La última batalla"

Juan Antonio Rodríguez Tous

11 de diciembre de 2009

La Consejeria de Educación quiere reorganizar los institutos de enseñanza secundaria. Es comprensible: están llenos de profesores rebeldes. El desarrollo completo de la LOE es un imposible metafísico si antes no se acaba con los disidentes. Hay que asaltar su último reducto académico: los Departamentos. Esta será la batalla definitiva. Liquidado el poder de los catedráticos, degradada la inspección educativa a papiroflexia pedagógica y depurados los directores incómodos o desobedientes, sólo falta privar a los profesores de sus áreas de conocimiento, sus feudos. Se acabarán esas noticias vergonzantes del estilo “departamento tal suspende a un alumno con un 2,5 y delegación provincial aprueba de oficio”. Se acabarán las jeremiadas sobre el desplome en caída libre del nivel de matemáticas o de lengua española de los alumnos andaluces. La Consejería de Educación siempre sabe lo que hace. Y lo que deshace.

Hasta ahora, los niveles de enseñanza los han fijado los departamentos respectivos. El profesor suspende y aprueba según criterios establecidos por su departamento. Antaño, por encima del departamento estaba el inspector de cada asignatura, que solía ser un conspicuo catedrático que conocía bien su materia. Alguno era temible: exigía resultados académicos, qué ordinariez. Hoy los inspectores son especialistas en abstrusas normativas excretadas por la Consejería de Educación y, en lo esencial, se dedican a transmitir a los directores las órdenes que reciben de la administración político-educativa. Formados en la nueva ciencia pedagógica, los nuevos inspectores no pueden verificar, por ejemplo, si un alumno de bachillerato es capaz de calcular al rango de una matriz por el método de Gauss. Esto significa que los únicos que velan por el mantenimiento del nivel académico de la enseñanza pública son los departamentos. En público, la administración educativa andaluza culpa a la “sociedad” de las enormes cifras de fracaso escolar. En privado, culpan a los profesores y a sus departamentos: son ellos los que amilanan al educando con crueles exámenes, suspensos mayúsculos y paranoide fascinación por los niveles de conocimiento. La administración entiende que el buen alumno no es el que más sabe, sino el que no se fuga del sistema educativo.

Si el nuevo reglamento se aprueba, los profesores serán confinados en macrodepartamentos “de área”, es decir, indefinidos: los latinistas, con los de lengua española; los de francés con los de inglés o alemán; los biólogos con los físicos, los químicos, los informáticos y los geólogos. Los profesores de música compartirán su suerte con los de dibujo y gimnasia. El hueco que dejan los antiguos departamentos será rellenado por otros, dedicados al agit-prop. Sus nombres rimbombantes (“atención a la diversidad”, “innovación educativa”, “evaluación y calidad”, “coordinación pedagógica”) esconden su verdadero propósito: crear en cada centro un Gran Hermano político-ejecutivo que neutralice a los disidentes del sistema. Todos y cada uno de los jefes de los nuevos departamentos serán nombrados y cesados por los directores cuyo poder se refuerza hasta el extremo kafkiano de sancionar a los profesores por el incumplimiento de deberes imprecisos. Por supuesto, el nuevo reglamento supondrá un aumento espectacular de reuniones inanes y de papeleo insustancial, procedimientos muy eficaces para quebrar la autoestima académica de los profesores.

La última batalla por el control político de los centros públicos de enseñanza se prevé dura y desigual. En esta guerra educativa asimétrica no habrá prisioneros. La administración, como ha dicho José Chamizo, tiene en Andalucía “demasiado poder”. Actúa como una bota malaya, quebrando poco a poco la voluntad de quien osa oponerse a sus designios. Hay adjetivos para este modo de proceder. Pero me los callo. No vaya a ser que piensen que soy un energúmeno, o un intelectualillo, o un resentido. O un facha del PP. Brrrr.

(El Mundo de Andalucía, 8-12-2009)

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