ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE INSTITUTO DE ANDALUCÍA
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15-7-2010

El Consejo de Gobierno aprueba el nuevo reglamento orgánico de los IES (ROC) con toda su carga destructiva.

Summa lex, summa injuria

¿Conver... qué?

24 de diciembre de 2009

Hemos leído, un tanto atónitos, en el diario IDEAL que los tres partidos del arco parlamentario andaluz han suscrito un dictamen que concluye con 128 medidas para "la convergencia educativa en Andalucía", en el contexto de la comisión creada a tal fin dentro del parlamento. Después de un diagnóstico más o menos objetivo de la situación de la enseñanza en Andalucía (negar la evidencia del desastre sería a estas alturas sencillamente ridículo), la noticia destaca una serie de medidas (de entre las 128, se supone), que -no debe ser casualidad- comienzan poniendo énfasis, ¿cómo no?, en la siempre recurrente "formación del profesorado". Para este viaje no hacían falta alforjas. Sacar a pasear al mismo chivo expiatorio de siempre para tratar de eludir las responsabilidades propias, como ha venido haciendo la consejería, por regla general, no deja de resultar sorprendente cuando de lo que se trataba (?) era de abordar la solución al problema de la educación desde nuevas perspectivas, y sobre todo contando con opiniones diversas. Muy al contrario, nos hemos topado con conocidas lindezas del estilo de la ya archiconsabida falta de vocación, a la que hemos de añadir ahora, como novedad, el "fácil acceso" a la carrera docente, que por lo visto supera en facilidad al de la carrera política, y de ahí sus indeseables consecuencias.
En algún momento hemos tenido, además, la sensación de que la redactora no se refería a los profesores de enseñanza secundaria, porque eso de que los docentes han de "tener un alto nivel de lengua y aritmética" no deja de sonar gratuito (si no grotesco), si nos referimos a la formación propia de un licenciado universitario. Difícilmente podrá "ponerse en valor" nuestra función social y nuestra autoridad, como dicen pretender los que auspician este informe, si se yerra de esta forma en el análisis.
Por lo demás, no hemos encontrado nada nuevo que nos permita ser optimistas. Las mismas recetas de apoyo a alumnos con déficit formativos en las asignaturas instrumentales, que hoy están en funcionamiento con magros resultados; las mismas intenciones respecto a las familias, que aparecen en los múltiples documentos producidos por la consejería; la misma declaración de intenciones respecto a la cobertura de las bajas; y la misma futilidad de siempre. Nada, en suma.
Cuenta la noticia que, según la portavoz socialista, el documento "exhaustivo" recoge iniciativas de las 30 organizaciones escuchadas durante las sesiones de trabajo. Es probable que durante la comparecencia de APIA una repentina epidemia de sordera se extendiera entre el auditorio, porque no hemos encontrado recogidas en el dictamen (o al menos en el extracto periodístico) ninguna de las propuestas que allí hicimos, delante de sus señorías. Este es el contenido íntegro de nuestra comparecencia ante la comisión y, como puede comprobarse, ante los parlamentarios presentes reclamamos medidas estructurales, sin las cuales, será inútil o escasamente eficaz cualquier medida que se adopte. Las más significativas son:
1. Promulgar una nueva ley de educación que acabe con las promociones automáticas y las titulaciones de pacotilla.
2. Acabar con la vía única en la enseñanza obligatoria para converger con Europa, adelantando la diversificación a los 14 años.
3. Instaurar un bachillerato de, al menos, tres años de duración.
4. Establecer pruebas externas de homologación al final de los tres tramos educativos fundamentales (primaria, secundaria y bachillerato).
5. Evaluación externa de los múltiples planes y programas que actualmente desarrolla y derogación inmediata del fracasado programa
de calidad.
6. Despolitizar por completo la función inspectora.
7. Restaurar el papel central del Claustro en el funcionamiento de los institutos.
8. Definir con precisión la función docente, descargándola de tareas espurias.
9. Regular con claridad la jornada laboral de los docentes para evitar los abusos que hoy son frecuentes.

Desgraciadamente hoy tenemos constancia de las verdaderas intenciones que alberga la consejería, y sería penoso que contara con la aprobación tácita o expresa de los grupos de la oposición en la planificación y ejecución de sus desmanes. El proyecto de nuevo reglamento orgánico de los institutos, de inminente publicación, aleja cualquier conjetura de solución de los innumerables problemas que hoy aquejan a la enseñanza pública en Andalucía. Las gravísimas consecuencias que tendrían las medidas recogidas en el proyecto que conocemos harían imposible, de todas todas, una solución como la que el dictamen dice perseguir y sumirían a la educación en un estado de coma profundo, de muy difícil retorno. La consejería, con una tremenda irresponsabilidad, ha optado por la confrontación al tratar de someter a los profesores, que como es natural no compartimos en modo alguno sus pretensiones, bajo el yugo de unos directores que el proyecto convierte en dictatorzuelos de tres al cuarto. Enfrente nos tendrá si sigue adelante con sus propósitos.
Mientras tanto, habrá que preguntarse a qué especie de divergente convergencia se refieren sus señorías.

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