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Acuerdo Marco de la Mesa General de la Función Pública Andaluza, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz: valoración de APIA

Acuerdo Marco por el empleo público andaluz

El pasado 13 de julio era presentado el nuevo Acuerdo Marco entre la Junta de Andalucía y los sindicatos presentes en la Mesa General de la Función Pública andaluza, CCOO, CSIF y UGT. En conjunto, viene a ser una trasposición regional del acuerdo estatal que esas mismas organizaciones firmaron el pasado 9 de marzo con el ministro Montoro, y que recogía medidas salariales y de jornada laboral, derogaba la penalización impuesta sobre las situaciones de incapacidad temporal, regulaba las condiciones para las futuras ofertas de empleo público, y proponía una serie de novedades en torno a la conciliación familiar y laboral. En buena medida, ambos acuerdos vienen a suponer un punto y final a las restrictivas medidas que tanto el Gobierno del Estado como la Junta de Andalucía impusieron a los funcionarios desde 2012.

Medidas en materia de retribuciones.

El Acuerdo del 9 de marzo incluye un incremento anual progresivo de las retribuciones, habiéndose incluido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 las subidas correspondientes a éste. 

Las retribuciones del personal público andaluz se incrementarán de manera progresiva durante el trienio 2018-2020, acumulando una subida del 8,79% o, en su caso, la subida máxima establecida por la legislación básica estatal:

En 2018 las retribuciones se incrementarán en un 1,50%, subida que se comenzará a percibir en la nómina del mes de julio junto con los correspondientes atrasos. A esto ha de añadirse un 0,25 % adicional que ha de aprobar el actual Gobierno, con efectos de 1 de julio de 2018.

Sobre las cantidades sustraídas por la Junta de Andalucía en nuestras pagas extraordinarias los años 2013 y 2014, el Acuerdo se limita a señalar vagamente que “en la medida en que lo permita la legislación básica estatal y el cumplimiento de la sostenibilidad económico-financiera se irá abordando” la restitución de las cantidades dejadas de percibir “de la paga adicional del complemento específico o equivalente”, en el marco de la vigencia del mismo.

Por lo demás, en 2019 y 2020 se aplicarán, en su cuantía máxima, los incrementos retributivos que permita la legislación básica estatal.

En lo que se refiere a la enseñanza, considerando que el acuerdo del 9 de marzo permite incrementar adicionalmente la masa salarial, se anuncia un “desarrollo” del complemento específico que ha de tomar forma no más tarde de noviembre de 2018.

Estas medidas retributivas se nos antojan pobres o imprecisas, y más aún considerando que en los últimos 10 años los profesores de secundaria andaluceshan perdido, teniendo en cuenta el IPC, en torno a un 16 % de su salario real, esto es, del poder adquisitivo de su salario.

Oferta de Empleo Público.

La oferta de empleo público ordinaria correspondiente al año 2018 será el resultado de aplicar una tasa de reposición de efectivos del 100%. A ésta se sumará un 8% adicional para refuerzo de las plantillas, por establecimiento de nuevos servicios, necesidades estacionales o jubilaciones, entre otras causas. La estimación de la oferta de empleo público ordinaria en 2018, aplicando estos criterios, será de 8.336 plazas: 2.321 en el sector Docente.

Además, se aprobará en 2018 un nuevo Decreto de oferta de empleo público extraordinaria, complementario de la anterior, para un total de 25.520 plazas, 6.000 de las cuales del sector Docente.

Jornada de trabajo.

La jornada laboral ordinaria de todo el personal del sector público andaluz será de treinta y cinco horas semanales de promedio en cómputo anual. Coincidiendo con el inicio del curso escolar 2018-2019, el horario lectivo del profesorado de Secundaria será de dieciocho horas, quedando anulada la medida del Acuerdo de la Mesa General de 18 de diciembre de 2017, por el cual se otorgaba carácter lectivo a dos guardias para dicho curso, apaño de emergencia al que la Junta y sus sindicatos hubieron de recurrir tras ser fulminado por el Tribunal Constitucional, hace ahora un año, el Decreto Ley de la Junta de Andalucía que por su cuenta y riesgo devolvía a los funcionarios andaluces las 35 horas semanales y que innecesariamente vinculaba dicha recuperación a la de las 18 lectivas semanales de los profesores de instituto.

Incapacidad temporal.

El Acuerdo estatal del 9 de marzo incluye la posibilidad de que cada Administración Pública determine las retribuciones a recibir en caso de incapacidad temporal, acuerdo que se ha trasladado a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Así, la Mesa General acuerda la universalización de la percepción de retribuciones completas en los casos de enfermedad o accidente, de modo que, por cualquier causa de enfermedad o accidente que dé lugar a la situación de incapacidad temporal, así como en todos los días de ausencia por enfermedad o accidente que no den lugar a dicha incapacidad temporal, el personal público andaluz recibirá un complemento retributivo, desde el primer día de incapacidad o ausencia, que, sumado a la prestación del régimen de previsión social correspondiente, alcance hasta el máximo del 100% de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la situación de incapacidad temporal o ausencia por enfermedad. 

Queda por ver si los sindicatos firmantes y administraciones comprometidas tendrán la honestidad y la valentía de plantearse la devolución con efecto retroactivo de todo el dinero que dejaron de percibir los funcionarios que han tenido la desgracia de padecer una incapacidad temporal mientras ha estado vigente lo dispuesto en el Real Decreto 14/2012.

Acción Social.

Sin mucha precisión, se marca el compromiso de iniciar, antes de acabado 2018, la negociación para la recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, en materia de Acción Social.

Medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Se acuerda la creación de un permiso adicional al de paternidad ya existente, que consistirá en lo siguiente: una vez agotado aquel permiso de paternidad, los funcionarios andaluces dispondrán de un permiso adicional retribuido con una duración que, sumada a la del anterior, alcance un período de descanso total de veinte semanas, o de las que corresponda en caso de discapacidad del hijo y por cada hijo a partir del segundo en caso de parto, adopción o acogimiento múltiples. Este permiso es intransferible al otro progenitor, y podrá disfrutarse de forma ininterrumpida o fraccionada, en este último caso, dentro de los doce meses siguientes al nacimiento, adopción o acogimiento. Para suavizar su impacto económico, la implantación de este permiso se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente calendario:

  • Año 2018: 5 semanas más (total 10 semanas)
  • Año 2019: 5 semanas más (total 15 semanas)
  • Año 2020: 5 semanas más (total 20 semanas)

El personal del sector público andaluz dispondrá asimismo de una bolsa de horas de libre disposición acumulables entre sí, de hasta un 5% de la jornada anual y recuperables en un período máximo de tres meses.Esta bolsa de horas irá dirigida, de forma justificada, al cuidado, atención y enfermedad de personas mayores, personas discapacitadas, hijos y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, así como para otras necesidades relacionadas con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral debidamente justificadas.

Tras la finalización de un tratamiento de radioterapia o quimioterapia o de otros tratamientos de especial gravedad, el personal afectado podrá solicitar una reducción de jornada de trabajo para incorporarse a su puesto de forma progresiva durante el primer mes tras el alta médica, percibiendo la totalidad de sus retribuciones. Esta reducción de jornada será de un mínimo del 50% las dos primeras semanas, de un 20% la tercera semana, y de un 10% hasta el final de la duración de la misma.

Todas estas medidas de conciliación nos parecen correctas, pero resulta escandaloso que los firmantes del acuerdo hayan olvidado una vez más algo tan básico como es que los profesores podamos disfrutar de nuestros días de permiso particular retribuido a lo largo de todo el año, y no en el limitadísimo espacio de apenas tres semanas repartidas entre los meses de septiembre y de junio; ¿por qué se nos discrimina de esa manera?

Del mismo modo, ¿qué pecado deben expiar los docentes andaluces hasta que se les permita poder disfrutar, como en tantas otras administraciones autonómicas, del Permiso Parcialmente Retribuido o año sabático? Una auténtica medida de conciliación con coste económico cero, generadora de empleo y cuyos beneficiosos efectos sobre quien la disfruta están fuera de toda duda, ¿por qué es ignorada una y otra vez en esta mesa de negociación que dice representar a todos los funcionarios andaluces?

Creación de un grupo de trabajo en relación con el marco de la negociación colectiva en el “sector público instrumental”.

Este apartado del Acuerdo es uno de los más inquietantes del mismo al referirse a ese eufemísticamente llamado “sector público instrumental” que no es otro que la administración paralela creada por la Junta de Andalucía en beneficio de allegados y clientelas políticas, cómoda y discretamente situados en fundaciones, agencias y entes fuera de los focos, pero ayunos en parte de las garantías laborales que otorga la función pública. Pues bien, los sindicatos CCOO, CSIF y UGT acuerdan la creación de un grupo de trabajo para homologar las retribuciones, estabilidad laboral, jornada y condiciones de trabajo de estos “empleados instrumentales” con las de los funcionarios. Ello supondría el acceso por la puerta de atrás de casi 24.000 trabajadores más a la función pública andaluza, un auténtico menosprecio del bloque CCOO/CSIF/UGT hacia todo ese personal funcionario o interino que sí ha accedido o está en vías de ello merced a los principios de igualdad, mérito y capacidad, a cambio, suponemos, de fidelizar sindicalmente a los primeros, ganancia no desdeñable para quienes ven desplomarse su afiliación, año tras año, debido a la poca o nula confianza que sus ardides inspiran entre los funcionarios andaluces.

Esto es una significativa muestra, en conclusión, de lo que sucede cuando la negociación de los derechos de los profesores queda en manos de quienes adolecen de tan parca sensibilidad hacia sus problemas.No queremos desde APIA, empero, hacer una valoración exclusivamente negativa de un acuerdo que tantas cosas pone sobre la mesa;queda por ver cómo la Junta de Andalucía y su Consejería de Educación dan forma legal a todo lo comprometido, sin las dilaciones y triquiñuelas habituales. Sea como sea, insistimos, sólo los profesores sabemos y estamos en condiciones de exigir y de negociar nuestros derechos salariales y laborales.

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