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ADIDE y los aprobados de despacho

El pasado 22 de febrero la Asociación de Inspectores de Educación ADIDE-Andalucía hacía pública una nota a la que por sus referencias a las denuncias que de los aprobados de despacho está realizando APIA creemos necesario contestar, punto por punto.

  1. En primer lugar, nos sorprende que esta Asociación interpele a la propia Consejería de Educación para realizar un desmentido de la información que el diario ABC, en colaboración con APIA, publicó el 22 de enero sobre la lacra de los aprobados de despacho en Andalucía. Si tan seguros están de lo que dicen, invitamos a ADIDE a que nos desmientan en esas mismas páginas de ABC; desde APIA estamos dispuestos a recoger el guante y en ese mismo foro debatir y aclarar con ellos cuanto haga falta.
  2. El derecho de los alumnos a ser evaluados a partir de unos criterios objetivos y públicos así como a reclamar calificaciones o decisiones de promoción y titulación está fuera de toda duda. Igual o semejante garantismo querríamos los docentes respecto a las actuaciones de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamación CTPR, que se atribuyen el poder de modificar calificaciones o decisiones de promoción y titulación sin tener potestad para ello al no haber sido creadas mediante el preceptivo decreto, como disponen las normas de la Junta de Andalucía. En efecto, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en su artículo 89.2.a), exige que los órganos colegiados de la administración con competencias para emitir informes o propuestas preceptivas, como es el caso, sean creados por decreto, mientras las CTPR surgieron de la nada en 2007 y 2008, en las respectivas órdenes que regularon la evaluación LOE en la ESO y el Bachillerato.
  3. Una vez más, y ante el cuestionamiento de las afirmaciones de APIA sobre la presión que la Inspección educativa ejerce en los claustros, invitamos a los representantes de ADIDE a un debate público sobre si ello es cierto o no y puedan ofrecer esa necesaria “opinión contrastada” a la que aluden.
  4. Compartimos plenamente la preocupación por que los alumnos sean evaluados con todas las garantías y por que dicha evaluación, igual que cualquier otro acto administrativo, sea recurrible. Por ello no dejaremos de denunciar las actuaciones de unas CTPR que, saltándose lo “absolutamente necesario [que es] garantizar que el rendimiento del alumnado sea valorado y reconocido con objetividad”, otorgan en sus resoluciones aprobados indiscriminadamente, cuando lo procedente sería que, en los casos donde se hubiesen advertido errores u omisiones en el proceso evaluador, requiriesen al profesor o Departamento Didáctico afectados a realizar una nueva evaluación ad hoc, o bien que la propia CTPR se ocupase de ello.
  5. En APIA consideramos insignificante el porcentaje de profesores del sistema educativo andaluz que aspiran a que sus decisiones resulten “inapelables o infalibles”; quizás fuese necesario ascender por el escalafón jerárquico para advertir cómo lo que entre profesores resulta anecdótico en otros cuerpos o niveles deviene en generalizado.
  6. Afirmamos que sí se desautoriza a los profesores con unos procedimientos como los descritos, arbitrarios y emanados de un organismo, cuando menos, alegal; unos procedimientos de cuyo conocimiento público no debieran lamentar tanto en ADIDE una más que merecida fama como el “efecto llamada” que entre los estudiantes y padres han creado.
  7. Los problemas del sistema educativo andaluz son de una amplitud que su Inspección no puede ignorar; y su resolución es tan compleja que este cuerpo debiera imponerse como primer regla de actuación el dejar siempre como último recurso las decisiones unilaterales, en beneficio del contraste de informaciones y de opiniones con los docentes o de las reuniones constructivas con claustros y consejos escolares. Por lo demás, nos parece frivolidad o algo peor hablar de “mínima incidencia” respecto de las 156 reclamaciones en la provincia de Sevilla que el diario ABC señalaba en su artículo, sabiendo como saben que en la última década su aumento ha sido exponencial: Ya en 2013 el diario El Mundo informaba  (11/11/13) que la Consejería de Educación ha multiplicado por 11 el número de reclamaciones admitidas en los últimos años en una progresión que viene a demostrar estadísticamente lo que ya se había percibido en los centros educativos sevillanos: que ahora es mucho más fácil que hace diez años conseguir un 'aprobado de despacho'. Esta noticia de 2013 hablaba de 113 reclamaciones admitidas en Sevilla; si en el pasado curso 2015-2016 andábamos ya por las 156, ¿le sigue pareciendo “mínimo” o insignificante este fenómeno a los inspectores de ADIDE?
  8. Que se afirme que la Inspección educativa “ejerce sus funciones con sujeción a unos planes de trabajo que son públicos y por procedimientos homologados y que desarrollan disposiciones publicadas en el BOJA” resulta, cuando menos, sarcástico cuando en APIA llevamos desde el curso 2012-2013 exigiendo que se haga público el Plan Provincial de la Inspección Educativa de Sevilla, como establece la ley, y la Consejería de Educación recurriendo a numerosas trampas para denegárnoslo; ha tenido que ser el Juzgado de lo Contencioso nº 8 de Sevilla el que en reciente sentencia obligue a la Delegación Territorial de Sevilla a hacerlo público. Con tan descriptible afán de transparencia, los responsables de ADIDE debieran buscar entre sus propios muros a quienes intentan “desacreditar la labor de la Inspección” más que entre los profesores que han de padecer tanto oscurantismo.
  9. Por lo cual y tras todo lo expuesto, si desde ADIDE están esperando una cerrada defensa de sus postulados por parte de los órganos directivos de la administración educativa, desde APIA les recomendamos que hagan acopio de una bíblica dosis de paciencia por si acaso.

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