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APIA actuará ante posibles represalias laborales a una profesora que denunció a la Administración

La Delegación Provincial ha forzado, en contra de los informes de varios médicos, la reincorporación de la profesora que se encuentra en tratamiento psiquiátrico. Esta profesora tiene una causa abierta en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Málaga contra la Delegación por actuación presuntamente negligente de la Administración, que mantiene desescolarizada a su hija con autismo.    

Málaga, 31 de marzo de 2016.- La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) a través de su delegación en Málaga ha anunciado que va a intervenir ante la Delegación Provincial de Educación con los medios a su alcance para depurar las responsabilidades, si las hubiere, por un posible caso de represalias laborales contra una profesora del IES Bezmiliana (Rincón de la Victoria) que tiene denunciada a la Administración por motivos personales.

Según ha informado el sindicato de Secundaria, resulta muy extraño que a pesar de los diversos informes médicos presentados y encontrarse la profesora en tratamiento psiquiátrico que expresamente desaconseja su presencia en un aula debido a unos niveles de ansiedad que “hacen su conducta en el aula potencialmente imprevisible”, en tan sólo veinticuatro horas le comuniquen la revocación de la baja médica y fuercen su reincorporación al centro, incluso cinco días antes de que la valoraran los propios servicios médicos de la Delegación.

Desde APIA quieren descartar que el motivo de fondo de esta insólita e inaudita actuación de la Delegación tenga relación con la causa judicial que la afectada tiene abierta en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Málaga contra la Delegación de Educación en calidad de madre de una menor con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que fue víctima el curso pasado de diversas presiones contra la menor con necesidades especiales promovidas por padres de los demás alumnos ante la pasividad de la Administración. La profesora está instando también actuaciones contra la Administración ante la Fiscalía de Menores por la situación de desamparo que padece su hija, una menor de 10 años que se encuentra desescolarizada, en un caso que ya ha provocado la intervención de la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidades frente al gobierno de España. 

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