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APIA condena la agresión a dos docentes esta semana y exige a la consejería que actúe de oficio por la vía penal contra los agresores

El sindicato de Secundaria considera que para acabar con el incremento de agresiones a docentes de los últimos años debe impulsarse desde la Administración una revalorización social de la profesión además de contundencia penal contra los agresores. Denuncia que la Consejería no haya desarrollado aún el artículo que otorga el estatus de autoridad pública a los profesores.    

Sevilla, 10 de octubre de 2015.- La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía ha dado a conocer su radical rechazo frente a dos nuevos casos de agresión a docentes. El primero de ellos ha tenido lugar en un instituto de la localidad gaditana de Los Barrios (Cádiz), en el que presuntamente una madre abofeteó e insultó a una profesora cuando acudió al centro para interesarse por un parte disciplinario abierto a su hija. En el segundo, otra madre presuntamente agredió a una maestra de infantil en Pulianas (Granada). 

El presidente de APIA, Manuel Fernández ha exigido a la Administración educativa que “tome de una vez las riendas para acabar con las agresiones a su personal y deje de tratar estos hechos comos supuestos ‘casos aislados’ para adoptar toda una batería de medidas que pongan freno al incremento de agresiones a profesores que vivimos en los últimos años”. A tal efecto, el presidente del sindicato de Secundaria recuerda que una vez introducida la modificación legislativa que considera a los profesores como autoridad pública, al margen de las actuaciones que puedan emprender estos a título particular, procedería que la Fiscalía, pero sobre todo la Consejería de Educación, “actúen de oficio contra los agresores por la vía penal y se personen como acusación particular, ya que ahora sí se pueden pedir de dos a cuatro años de cárcel contra los agresores”. Fernández lamenta que, pese al requerimiento remitido por APIA hace varios meses, la Consejería todavía no haya desarrollado reglamentariamente el artículo de la LOMCE que otorga el estatus de autoridad pública a los profesores de enseñanzas no universitarias.

Fernández añade que si la Consejería actuase de oficio, además de reducir la carga de estrés que un hecho de este tipo provoca en las víctimas, que se sentirían de esta manera respaldadas, estaría haciendo justicia puesto que “a estas compañeras no las han agredido por ser quienes son, sino por ser trabajadoras de la enseñanza pública.” Para Manuel Fernández, asimismo, “la Consejería haría bien en preocuparse por la seguridad de su personal también en los institutos y los colegios, que es donde se producen las agresiones”, en referencia a que son las delegaciones provinciales y la Consejería las que cuentan con personal y medidas de seguridad “cuando no se recuerda un solo caso de agresión a ningún alto cargo de estos servicios.”

El sindicato de Secundaria reclama un conjunto integral de medidas que, además de la necesaria contundencia por la vía penal, pasen por la revalorización social de la profesión docente. A tal efecto, se ofrece a mantener un encuentro con responsables de la Consejería para abordar de forma conjunta una batería de medidas en esta línea, aunque avanza que “desprestigiar la labor del profesorado regalando aprobados inmerecidos en los despachos será la primera actuación cuyo fin exigiremos a la Administración.”

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Los periódicos IDEAL, SUR, LA VANGUARDIA, ÁREA, 20 MINUTOS, EUROPA PRESS y GENTE se han hecho eco de esta nota de prensa