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APIA defiende una ley de protección de los Institutos Históricos Andaluces con todas las garantías

La ayuda que debería proporcionar la Junta tiene que ir encaminada a una dotación económica para los centros que reúnan estas características, así como una carga horaria específica para el cuidado de su patrimonio histórico.

Sevilla, 1 de Marzo de 2017.- Recientemente, se ha puesto en contacto con APIA la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos, ANDPIH, expresándonos su inquietud por el Proyecto de Orden sobre institutos históricos que tiene en estos momentos en sus manos la Junta de Andalucía. Esta asociación, de ámbito nacional pero cuyo origen está en nuestra Comunidad Autónoma, se puso en contacto aproximadamente hace un año con la Junta de Andalucía para exponer las necesidades de los institutos con patrimonio histórico educativo y solicitar una ayuda similar a la que otras Comunidades como Castilla-La Mancha está proporcionando a los suyos.

La ayuda necesaria para articular una estructura de conservación y potenciación del patrimonio histórico de dichos centros pasaría, según la ANDPIH, por dotar de una carga horaria a los profesores responsables y de una dotación económica al centro. Para acceder a las mismas la Administración educativa debiera realizar una convocatoria a la que los institutos referidos acudan con una Memoriaen la que reflejen su Patrimonio histórico, su estado actual y las necesidades específicas que requeriría. Una vez evaluadas  –siempre según la ANDPIH–, la Consejería de Educación cuantificaría qué dotaciones horaria y económica debiera proporcionar a cada centro; anualmente se giraría una inspección para comprobar el grado de cumplimiento de lo proyectado.

Pues bien, unas propuestas tan cargadas de sentido común como éstas, que no piden nada más allá de lo que actualmente se facilita a la multiplicidad de planes puestos en marcha por la Consejería, han tenido una respuesta, actualmente en forma de Proyecto, que desnaturaliza radicalmente su espíritu.

Para empezar, el documento de la Consejería se propone salvaguardar el “proyecto educativo” del centro, una verdadera abstracción en términos históricos que poco o nada tiene que ver con el Patrimonio físico que atesoran esos institutos. Por otro lado, se desdibuja el marco histórico temporal de los centros receptores –que según la ANDPIH deben circunscribirse a los institutos creados desde 1845 hasta la Guerra Civil, con independencia de que pueda otorgarse atención a casos particulares que desborden esos límites– abarcando un ámbito temporal indefinido y dando cabida a centros del ámbito privado, incluyendo los religiosos.  Además, existen incongruencias como la exigencia de presentar una Memoria que contemple los fondos y recursos históricos educativos, cuando precisamente los medios que se piden son para eso, para aquilatar, inventariar y ponerlos bajo protección. Por lo demás, la ANDPIH estima que el Proyecto de la Junta de Andalucía adolece de cierta cerrazón al circunscribirse al ámbito estrictamente autonómico, cuando debiera concebirse en un sentido abierto a la integración en un marco interautonómico o incluso nacional, al formar parte los centros objeto de su interés de una red en su día articulada por el Estado, los Institutos Provinciales de Enseñanza Secundaria.

Desde APIA apoyamos iniciativas como ésta y esperamos que la Consejería de Educación, una vez dado el estimable paso de proyectar esa Orden y, hace unos días, reunirse con directores de Institutos Históricos, atienda las demandas de unos promotores cuyo único móvil es proteger con fidelidad y con los medios adecuados el rico patrimonio de los Institutos Históricos andaluces.

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