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APIA denuncia que el director de un instituto granadino pretende obligar a los profesores a ejercer de conserjes

Los servicios jurídicos del sindicato profesional de Secundaria han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la orden del director del IES Luis Bueno Crespo, de Armilla, de que los profesores tengan que realizar tareas que corresponden a conserjes y ordenanzas en lugar de las tareas académicas que les son propias. El Jefe de Servicio de Gestión de Personal de la Delegación Territorial de Granada respalda la postura de APIA frente a la orden del director.    

Granada, 14 de junio de 2016.- Los servicios jurídicos de APIA acaban de interponer recurso contencioso administrativo contra la orden, manifiestamente abusiva, del director del IES Luis Bueno Crespo de la localidad de Armilla para que los profesores controlen la puerta de acceso al centro, a pesar de tratarse de una atribución exclusiva de conserjes y ordenanzas, como así figura en el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía. 

De nada ha valido el recurso presentado con carácter previo ante el titular de la Delegación territorial, que ha decidido guardar silencio y permitir que la flagrante ilegalidad se materialice, amparando semejante disparate. Tampoco ha reparado el Sr. Delegado en que su silencio cómplice  contradice al propio Jefe de Servicio de Gestión de Personal de la propia Delegación territorial, que en un escrito dirigido precisamente al director del instituto el pasado 18 de junio de 2015, recaído en un expediente distinto, le recordaba que son los ordenanzas quienes deben “controlar el acceso o las salidas al centro”, como así ocurre en la generalidad de los centros docentes del mundo. 

En ningún caso la regulación legal de las tareas del profesorado de guardia (incluidas en el art. 18 de la Orden de 20 de agosto de 2010) contempla nada semejante a lo que pretende el director del IES de Armilla, amparada por el silencio del Sr. Delegado, y que a juicio de APIA, “atenta directamente contra el derecho individual de los funcionarios públicos al desempeño efectivo de las funciones y tareas propias de su condición profesional” y al “respeto de su dignidad en el trabajo”, recogidos en el art. 14 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Los servicios jurídicos de APIA señalan que supone igualmente una violación del código de conducta de los empleados públicos contenido en el art. 54 del mismo cuerpo legal, que obliga a tratar “con atención y respeto … a los restantes empleados públicos”. 

Todo ello con independencia de que la obligación impuesta, contra legem, pueda revestir naturaleza penal relacionada con la usurpación de atribuciones, tipificada en el 550 y ss. del Código Penal ordinario, apuntan desde la asesoría jurídica de APIA. 

Cabe recordar que no es la primera vez que nos encontramos ante órdenes irregulares dictadas por los titulares de las direcciones de los institutos de enseñanza secundaria, contando con el amparo de los servicios de inspección y de los responsables máximos de las Delegaciones territoriales, como ocurrió en un centro de Ronda, donde quedaron instituidas unas “guardias de transporte” declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, en sentencia de 30 de junio de 2015, a instancias de los servicios jurídicos de APIA.

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GRANADA HOY se hace eco de esta nota de prensa.