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APIA denuncia que la Consejería sigue "instalada fuera de la ley" al ocultar los Planes de Inspección Educativa del presente curso escolar

La Administración vuelve a su falta de transparencia pese a tratarse de documentos públicos. De nada parecen haber servido las dos sentencias ganadas por el sindicato de Secundaria que condenaron a la Junta por no facilitar el Plan de Inspección del curso 2012/ 2013 de Sevilla, ya que vuelve a las andadas.

Sevilla, 4 de Junio de 2018.- APIA, el sindicato de Secundaria en Andalucía, denuncia que la Junta sigue instalada en las irregularidades, algo que va contra la legalidad y la limpieza que se esperan de la propia Administración. La Consejería de Educación y sus Delegaciones territoriales desafían al Estado de Derecho y a los propios Tribunales de Justicia, manteniendo ocultos los Planes Provinciales de la Inspección Educativa del presente curso 2017/2018, a pesar de ser documentos públicos. De nada parecen haber servido las dos recientes sentencias, de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Sevilla (febrero 2017), primero, y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (11 de octubre de 2017), después, condenando en firme a la Consejería de Educación por hurtar a la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía el Plan de Inspección del curso 2012/2013 de la Delegación territorial de Sevilla, a pesar de habérselo requerido en reiteradas ocasiones y del carácter netamente público del citado documento.

Ni el Defensor del Pueblo, que en su día se involucró en el asunto para abandonarlo después, ni los órganos jurisdiccionales a los que la Constitución Española otorga el deber de controlar al poder ejecutivo, incluido el Ministerio Fiscal, ni las también recientes Leyes de Transparencia, estatal y autonómica, en pleno vigor desde 2014 y 2015, respectivamente, han conseguido hacer entrar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por la senda de la legalidad.

Muy al contrario, continúa instalada en la que parece ser su tónica habitual, ya que sigue manteniendo una abierta rebeldía contra la Ley y el Derecho.  Como muestra de ello figura el hecho de que, a estas alturas del curso académico 2017/2018, los servicios de inspección estén actuando en todas las provincias de la comunidad autónoma, desde que diera comienzo el uno de septiembre de 2017, instalados en el sinuoso terreno de la alegalidad, al no haberse hecho públicos los referidos planes de actuación, de cuya existencia, incluso, cabría dudar.

APIA, tras el vano intento realizado ante las Delegaciones territoriales de Córdoba y Jaén, se ha dirigido al responsable de la Unidad de Transparencia de la Consejería Educación (todo un descubrimiento, esta unidad de transparencia…) para denunciar lo sucedido, y medita seriamente acudir a la jurisdicción que corresponda a fin que todos estos desmanes no queden impunes.

Si a la circunstancia de estar actuando sin el sustento legal necesario, añadimos el papel coercitivo que la Inspección Educativa ostenta sobre el profesorado, podemos hacernos cargo de las irreparables consecuencias que podrían derivarse de una instrumentalización indebida de esta institución, por parte de los responsables políticos de la Consejería y sus Delegaciones territoriales. Nada hay más proclive a ello que la opacidad y la ausencia de legalidad. A los hechos cabe remitirse.

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