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APIA denuncia un nuevo 'aprobado de despacho' en un instituto de la localidad cordobesa de Montilla

Un alumno de 2º de Bachillerato vio superada la materia de Historia de España en la convocatoria extraordinaria de septiembre cuando en el examen tenía un 2.

Sevilla, 23 de Enero de 2017.- La Delegación Provincial de Educación de Córdoba ha sido una de las últimas en dar lo que se conoce como ‘aprobado de despacho’. En esta ocasión se trata de un caso producido en el instituto ‘Inca Garcilaso’ de la localidad de Montilla. El caso clama al cielo porque la propia Delegación se encargó de desestimar la reclamación que le presentaba un alumno de 2º de Bachillerato al que le quedaba pendiente en la convocatoria de junio la materia de Historia de España, para luego en septiembre darle el aprobado. Anteriormente había reclamado también al profesor que impartía esta materia en su curso y al departamento, quienes se mantuvieron en que el alumno no había superado los criterios de evaluación fijados en el departamento en cuestión y que el alumno conocía hasta por escrito desde principios de curso (se hizo hasta un registro de las firmas de los alumnos al recibir esa información). 

Cabe señalar que el alumno no había ido superando ninguna de las evaluaciones de la asignatura de Historia de España ni siquiera en las correspondientes recuperaciones en las que se exigía, además de una prueba escrita, la entrega de una serie de actividades, tal y como destacan desde este centro educativo. De hecho, en la recuperación que se hace en mayo a los alumnos de 2º curso de Bachillerato, el propio profesor en “un gesto de buena voluntad” le permitió presentarse únicamente a la primera y tercera evaluación al tener las notas más bajas, en una no llega al 3 y en otra no llega al 2, mientras que en la segunda la tenía ‘condicionada’ con un 4,75.

Pasado el verano, el alumno se presentó a la convocatoria extraordinaria de septiembre para recuperar la asignatura, realizando una prueba que seguía el mismo modelo de las Pruebas de Acceso a la Universidad y a la que tendría que enfrentarse semanas más tarde. Entre dos opciones, el alumno debía elegir una, en la que debía desarrollar una parte teórica (valorada en 7 puntos) y una parte práctica (valorada en 3 puntos), consistente el análisis y comentario de dos documentos relacionados con el tema, valorados cada uno de ellos en 1,5 puntos. Como ocurrió en junio, y pese a poder elegir entre las dos opciones propuestas, el alumno dejó sin contestar dos tercios de la parte teórica (desarrollo del tema) y con graves errores en el tercio realizado. La nota de la prueba escrita fue de un 2’25, y la final de esa convocatoria extraordinaria, de un 2, según ha conocido APIA.

El alumno volvió a reproducir los mismos pasos que hizo ya en junio (primero reclamó al profesor, que fue menospreciado por la familia en ese momento y que recibió por su parte comentarios amenazantes como “esto no va a quedar así e iremos hasta donde haga falta y haremos lo que tengamos que hacer”). El siguiente paso fue acudir al departamento donde por unanimidad se ratificó la calificación del examen. La sorpresa llegó cuando el estudiante reclamó a la Delegación Provincial. Hasta allí nuevamente se remitió por parte del profesor, del departamento y el centro toda la documentación requerida (todas las pruebas escritas realizadas a lo largo del curso por el alumno, la hoja de registro o de recogida de datos para el alumno del profesor, la programación didáctica del Departamento, etc.), que era exactamente la misma que se envió en el mes de junio para atender la primera reclamación, pero esta vez además con la prueba realizada en septiembre. En función de toda la documentación enviada, la Comisión Técnica de Reclamaciones de la Delegación acordó estimar la reclamación del alumno, algo que se supo en el centro vía telefónica el pasado 12 de septiembre.

A mediados del mes de octubre el inspector de zona en una visita al centro se reunió con el jefe de departamento y le refirió de manera oral que “no se ha tenido en cuenta a la hora de evaluar al alumno otras consideraciones como el grado de madurez del alumno para emprender estudios superiores, el grado de consecución de los objetivos del Bachillerato”, tal y como indican desde el Inca Garcilaso.El profesor ha conocido la decisión simplemente por la lectura del documento en cuestión que llegó al centro, como manda el procedimiento habitual. Fundamentalmente las razones que se aportaban eran que no se valoraban adecuadamente los criterios de evaluación establecidos para la superación de la materia, así como que el centro debería haber tenido en cuenta los artículos 2.1, 7.1 y 7.2 de la Orden del 15 de Diciembre del 2008. En esos artículos se hace referencia a que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar aspectos como la progresión del alumno en la materia (en este caso está claro que la progresión no ha sido positiva, sino negativa en todas las evaluaciones), así como la madurez del estudiante (junto con la valoración de los aprendizajes específicos de la materia, la apreciación sobre la madurez académica del alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato) y también la capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados. 

APIA considera que de esta manera se ha vulnerado de nuevo la figura del profesor, cuyo trabajo ha sido cuestionado. El docente sí ha tenido en cuenta los aprendizajes específicos de la materia (en este caso el estudiante no ha trabajado nada la asignatura).  En cuanto a la apreciación de la madurez académica del alumno en relación con los objetivos del Bachillerato, ¿qué madurez se tiene cuando el estudiante abandona la materia por completo y deja exámenes en blanco y tareas sin presentar? Sin ese trabajo hecho, la capacidad para aprender por sí mismo no ha sido adquirida por el alumno, al igual que tampoco la de trabajar en equipo. Y en lo referente a lo de aplicar métodos de investigación apropiados, pues tampoco. No se entiende, por tanto, que la Delegación decida que el alumno debe de aprobar. Si no se hace en junio, no hay razón para hacerlo en septiembre. De hecho, el alumno no cumple siete criterios de evaluación comunes que están contemplados en el Proyecto Educativo del centro por lo que se ven cuestionados no sólo el profesor, sino el departamento y por último, la labor que se hace desde el IES Inca Garcilaso. 

Desde el colectivo de profesores andaluz se tacha de “disparate” este tipo de decisiones “que merman la autoridad del docente y el trabajo diario que se hace en las aulas”. El mensaje que se manda al alumnado es que al final, haciendo ruido, aunque se trabaje poco o nada, se aprobará. Flaco favor se hace de esta manera hacia el esfuerzo y la realización personal de las futuras generaciones.

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EL MUNDOABC20 MINUTOS se han hecho eco de esta nota de prensa.