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APIA: doce propuestas para el necesario cambio que la enseñanza pública andaluza exige

Nota de prensa

Sevilla, 30 de Enero de 2019.- Tras décadas de inmovilismo político y conformismo sindical, el año 2019 parece sentar las bases para un cambio. El cambio que se está gestando tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre debe tener la inteligencia política de facilitar a los profesores de la enseñanza pública andaluza aquellos derechos y reivindicaciones que APIA viene exigiendo en su nombre desde hace dos décadas, pero que fueron sistemáticamente menospreciados por la Junta de Andalucía y su sindicalismo orgánico. 

1. DESPOLITIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA

Es necesario redefinir la Inspección Educativa, despolitizándola y devolviéndole su carácter exclusivamente académico y dividido por especialidades, al que se acceda exclusivamente por concurso-oposición. Como es lógico, los Inspectores de Secundaria han de proceder de la Enseñanza Secundaria.

Es preciso liquidar entidades ajenas al circuito de la Función Pública docente como la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, AGAEVE, cuyo cometido desde su creación parece ser el de ocultar o distorsionar por todos los medios a su alcance el conocimiento público del nivel de preparación de nuestros estudiantes.

Es indispensable que entes como la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación guarden la imparcialidad que de unos valedores del Derecho cabe esperar; quienes “retuercen” éste en beneficio de las políticas coyunturales de la Consejería de Educación, aunque para ello deban perjudicar los intereses de los profesores, no merecen ejercer en ella su labor.

2. LIBERTAD DE CÁTEDRA Y DIGNIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA ANDALUZA

Exigimos el pleno ejercicio del derecho fundamental de la Constitución a la libertad de cátedra, sin imposiciones de modas pedagógicas ni de intromisiones ideológicas en beneficio de la máxima capacidad del profesorado para desarrollar su labor docente con libertad y responsabilidad.

Hay que devolver a los centros públicos andaluces los recursos necesarios para poder ofertar un modelo de enseñanza exigente y basado en la excelencia; la enseñanza pública, que en su día fue concebida como un vehículo de promoción social para las clases menos favorecidas, ejerce hoy en Andalucía la función inversa: cooperadora necesaria del estancamiento social de aquéllas por medio de políticas educativas paternalistas que priman la titulación por encima de la formación.

De este modo, los actuales currículos de la ESO y del Bachillerato, ahora cuestionados merced a una sentencia del TSJA a instancias de APIA,  y los procedimientos de evaluación de ellos derivados, deben reformarse en profundidad, dando cabida a la disciplina, al esfuerzo y al amor por el conocimiento, fecundando dichas etapas educativas para que sean realmente útiles en la formación humana y laboral de los estudiantes.

3. AUTORIDAD PÚBLICA PARA PROFESORES

El reconocimiento del profesorado como autoridad pública debe hacerse efectivo a todos los niveles: exigimos un desarrollo reglamentario inmediato de artículo 124.3 de la LOMCE, que permita perseguir cualquier delito cometido contra los profesores en el ejercicio de su profesión. La presunción de veracidad del docente debe imponerse frente a todo intento arbitrario de descalificación de su labor, proceda de donde proceda. Asimismo, la autoridad docente debe quedar adecuadamente plasmada y explicitada en todos los documentos educativos: Planes de Centro, Programaciones Didácticas, etc. 

4. ESTATUTO DOCENTE

Es preciso un Estatuto Docente que proteja y aliente la libertad pedagógica y de cátedra del profesor; corresponde a las Administraciones Educativas decidir cuánto se debe enseñar, pero no cómo se debe enseñar.

Es necesario que dicho Estatuto y sus desarrollos normativos salvaguarden la labor de los profesores de las cada vez más frecuentes arbitrariedades y situaciones de acoso por parte de la Administración.

Este Estatuto debe entre otras cosas delimitar claramente las funciones y competencias en los centros del personal docente frente al Personal de Administración y Servicios, de manera que los profesores no ejerzan labores que no les son propias (controles de puertas, gestión administrativa de documentación del alumnado, etc.) y que, a la postre, redundan en una disminución de la plantilla del Personal de Administración y Servicios.

5. ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA E INTERINIDADES

Es preciso reactivar urgentemente los procedimientos de acceso a la Función Pública y racionalizar la oferta de empleo público mediante concursos-oposición coordinados a nivel estatal que incluyan todos los puestos docentes consolidados.

Exigimos unas garantías mínimas de acceso para los funcionarios interinos que incluyan una redefinición del concurso-oposición con un nuevo modelo de pruebas de oposición, reserva de notas para posteriores procesos selectivos a quienes lo deseen, bajada del precio de las tasas, y tribunales, comisiones de selección y comisiones de baremación constituidos mediante procesos regulados y transparentes.

Defendemos en todos los procedimientos los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, plasmados en la exigencia del concurso-oposición, en el que predomine lo académico sobre otros aspectos, tanto para el acceso a la Función Pública como para el paso de un cuerpo a otro. 

6. CARRERA PROFESIONAL

Exigimos convocatorias regulares de acceso a Cátedras en institutos y Conservatorios, así como vías de acceso a los cuerpos docentes universitarios.

Exigimos la creación de una verdadera carrera profesional basada en los criterios de mérito, capacidad, antigüedad y desempeño de funciones, con promoción tanto horizontal (convocatoria periódica oposiciones a Cátedras de Secundaria) como vertical (acceso desde la Secundaria a la Universidad, a Primaria, Centros de Adultos, etc.).

7. HORARIOS Y JORNADA LABORAL

Exigimos una regulación clara y precisa de la jornada laboral, en lo que se refiere al horario de permanencia en el centro y al número de horas regulares, lectivas y no lectivas, y de las no regulares.

Exigimos que los horarios de todos los docentes de un centro sean públicos en todos sus detalles en lo que se refiere al horario regular y el irregular.

Exigimos el establecimiento de períodos lectivos de 50 minutos como en otras Comunidades Autónomas.

Exigimos que se compute como horas de permanencia todas las que transcurran efectivamente en el Centro, incluidos los recreos. 

8. APUESTA POR UNA FP DE CALIDAD

Hay que apostar decididamente por la Formación Profesional Dual en los centros públicos, y que no quede en usufructo de los centros privados y concertados. Hay que incrementar el número de plazas ofertadas de Ciclos Formativos para responder a la demanda real de nuestros jóvenes. Hay que adecuar la dotación y el tamaño de las aulas de ciclos formativos a la normativa vigente; fomentar el desdoble del profesorado en los módulos que requieran especial atención docente y/o presenten un elevado número de alumnos; y permitir que sean los propios centros los que decidan la cantidad máxima de alumnos que puedan ser matriculados, según los medios e instalaciones disponibles.

9. CONCURSO DE TRASLADOS TRANSPARENTE Y CON TODAS LAS PLAZAS

Exigimos el establecimiento de un sistema justo y transparente de provisión de puestos de trabajo, con Concursos Generales de Traslados que vayan precedidos por la publicación de todas las vacantes a las que se concurre, sin perjuicio de que se pueda elegir además optar a las resultas, tal como ocurre actualmente en otros cuerpos de la Función Pública.

10. DEVOLUCIÓN PAGAS EXTRAORDINARIAS ESCAMOTEADAS EN 2013 Y 2014

Exigimos la recuperación de los derechos salariales perdidos en los últimos años. APIA no considerará aceptable ninguna solución que no implique el retorno a las catorce pagas anuales completas, la devolución de todo lo que ha dejado de percibirse ilegítimamente como resultado de los años de recorte y la actualización al IPC de la masa salarial del 2009, fecha desde la cual hemos perdido en torno a un 16 % de nuestro poder adquisitivo.

11. DIGNIFICACIÓN SALARIAL Y RECUPERACIÓN DE DERECHOS PERDIDOS

El profesor andaluz no puede seguir sometido a un permanente agravio comparativo; exigimos la homologación de la masa salarial del profesorado andaluz con la media estatal de las masas salariales autonómicas. Exigimos la recuperación de las Ayudas de Acción Social y de las licencias por estudios. Exigimos el aumento de la remuneración de los complementos salariales en una mayor cuantía respecto a la actual y la consolidación de éstos tras cinco años de desempeño: tutorías, jefaturas de Departamento, etc. Los sexenios deben abonarse en su debido momento y sin penalizaciones.

12. ACTUALIZACIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS

Exigimos un aumento de los permisos por asuntos particulares retribuidos y que puedan ser disfrutados a todo lo largo del curso, no sólo en período no lectivo.

Exigimos la implementación de los Permisos Parcialmente Retribuidos o años sabáticos igual que en otras Comunidades Autónomas ya se vienen disfrutando.

NO QUEREMOS OTROS CUATRO AÑOS DE BUROCRACIA SINDICAL DORMITANDO EN LOS DESPACHOS Y EN LAS MESAS GENERAL Y SECTORIAL.

NO QUEREMOS PROMESAS NI BUENAS PALABRAS DE LOS NUEVOS GESTORES POLÍTICOS SINO HECHOS.

RESPUESTA YA A LAS DEMANDAS DE LOS PROFESORES DE INSTITUTO.

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LA VANGUARDIA, ANDALUCÍA INFORMACIÓN y LA RAZÓN se han hecho eco de esta nota de prensa.