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APIA exige responsabilidades por considerar un "accidente" una agresión a un profesor

Nota de prensa

APIA EXIGE EL CESE DE LA RESPONSABLE DE LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y PIDE LA COMPARECENCIA PÚBLICA DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN PARA DAR EXPLICACIONES SOBRE LAS ACTUACIONES DE SU GABINETE JURÍDICO

En un escrito remitido por el Presidente de APIA a la Consejera de Educación Sonia Gaya, APIA exige la dimisión inmediata de Doña Gracia Gómez García, Jefa de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación, por sus intolerables apreciaciones a la hora de justificar la denegación del abono por parte de la Consejería de la cantidad de 1.580,48 € en concepto de responsabilidad civil al profesor brutalmente agredido en el IES García Lorca de Jaén en 2016, y la comparecencia de la propia Sonia Gaya para dar las explicaciones pertinentes sobre las actuaciones recientes de dicha Asesoría Jurídica en materia de asesoramiento y defensa del profesorado andaluz de la enseñanza pública que haya sido víctima de agresiones en el desempeño de su trabajo.

El Informe presentado ante el Tribunal Contencioso-administrativo de Sevilla por dicha Asesoría Jurídica, el pasado 5 de octubre de 2018 y firmado por Doña Gracia Gómez, incluye, para desestimar la reclamación del agredido consideraciones del siguiente calibre:

En primer lugar, la consideración como accidente del puñetazo en la cara y del golpe en la cabeza con una grapadora, es decir, considerándolo de la misma magnitud, por ejemplo, que un tropezón en la escalera.

En segundo lugar dicho accidente se considera producido “durante el desarrollo de las funciones habituales del reclamante”, como si formase parte de nuestra cotidianeidad docente el que se nos amenace personalmente y a nuestra familia y se nos golpee con saña, y un “riesgo inherente a nuestra profesión”, según la letrada.

El último párrafo, que pretende ser definitivo en sus conclusiones recomendando la desestimación de la reclamación, lo es también como prueba de la inmensa falta de sensibilidad de la letrada hacia los docentes: “Al no encontrarse factores de anormalidad en la prestación del servicio en este caso, el resultado dañoso se produjo a consecuencia de las propias especificidades y riesgos inherentes a la profesión del reclamante […] con obligación de asumir determinadas consecuencias de su actuación profesional, en cuanto las mismas deriven del curso ordinario de la actuación administrativa efectuada de forma normal.” Así, la conclusión de la letrada de la Junta de Andalucía es todo un aviso de que la posibilidad de que se nos insulte, se nos veje, se nos acose, se nos escupa, se nos golpee o se nos empuje escaleras abajo son riesgos inherentes a nuestra profesión que tenemos la obligación de asumir.

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La Junta de Andalucía cree que abrirle la cabeza a golpes a un profesor es «un riesgo inherente» a su trabajo. Noticia publicada en ABC.