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APIA facilita al profesorado un protocolo para reclamar los horarios de secundaria

Dicho protocolo se organiza en tres fases, la última de las cuales implica el recurso a la vía judicial. Para salvar la delicada situación en la que la Consejería ha situado a muchos equipos directivos, el sindicato de Secundaria recomienda también en dicho protocolo una fase previa de información. La Consejería, mientras tanto, sigue cerrada al diálogo.

Sevilla, 24 de septiembre de 2015.-  La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía está difundiendo entre el profesorado un protocolo de actuación para que los docentes andaluces puedan reclamar el cumplimiento de la legislación vigente y no se vean aún más perjudicados en sus condiciones laborales por la situación de caos normativo que la errática actuación de la Consejería de Educación está provocando.

APIA denuncia, asimismo, la delicada situación en que la Consejería está colocando a los equipos directivos, fundamentalmente a Directores y Jefes de Estudios, quienes son, en última instancia, los que se ven forzados a firmar unos horarios que muy difícilmente van a cumplir la legalidad en la situación actual. A tal efecto, antes de reclamar formalmente, el sindicato recomienda una labor de información previa, si bien entienden que el eslabón más débil es el profesorado y animan a las direcciones de los centros a que, como representantes de la Administración, presionen a esta para que restablezca la legalidad. “Lamentablemente, a la Consejería no parece preocuparle demasiado los problemas legales en que se pueden ver envueltos muchos directores. Tenemos constancia de casos en que algunos inspectores están presionando a los directores para que se cierren los horarios a sabiendas de que incumplen la legislación, pero a la vez se niegan a darles esas recomendaciones por escrito cuando los directores se lo piden para intentar salvar su responsabilidad”, afirma Manuel Fernández, presidente de APIA, quien añade que su sindicato recomienda a la Inspección “cumplir con su función principal, que es velar por el cumplimiento de la legalidad y no actuar de brazo ejecutor de la Administración a cualquier coste.”

Para ayudar al profesorado en sus reclamaciones, APIA ha puesto a disposición de todo el profesorado un formulario para que los profesores soliciten a los directores la notificación de los horarios por escrito. “Pensamos que en esta primera fase se solucionarán muchos horarios, porque los directores, que son funcionarios públicos, no pueden vincularse a entregar un horario ilegal a un trabajador”, apostilla Fernández, quien añade que, en la práctica, esta situación sólo podrá solucionarse si la Consejería, en vez de hinchar los presupuestos de la Administración paralela, como acaba de hacer esta misma semana con la AGAEVE con más de doscientos mil euros, volviese a contratar a los más de 4.000 profesores de Secundaria que cesó en el año 2012. “Dinero hay, como puede verse, pero la Consejería nos muestra sus prioridades: la Administración paralela a costa de vulnerar los derechos laborales del profesorado. No lo podemos permitir”, concluye el presidente de APIA.

APIA presentó la semana pasada una denuncia ante la Fiscalía para que investigase, por la vía penal, si la actuación de la Consejería al generar este caos normativo podría constituir un delito de prevaricación de funcionarios públicos. APIA asegura que estas actuaciones de presión sindical y de denuncia judicial son consecuencia de la negativa al diálogo de la Consejera de Educación, Adelaida de la Calle, a quien le solicitaron una reunión el 24 de junio y otra el 14 de septiembre y todavía no han recibido respuesta. 

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EUROPA PRESS, LAINFORMACION.COM y TEINTERESA.ES se hacen eco de esta nota de prensa.