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APIA formaliza la demanda contra la Orden que regula el currículo de Bachillerato

Sevilla, 10 de Mayo de 2017.- Con un retraso considerable, imputable a la extraordinaria tardanza en la aportación del expediente administrativo por parte de la Consejería, tolerada hasta el extremo por la administración de justicia de la junta, APIA ha formalizado recientemente la demanda contra la Orden de 14 de julio de 2016, interpuesta nada menos que en septiembre de 2016. De la correspondiente demanda contra la Orden del currículo de la ESO, tramitada unos días antes, nada se sabe, con excepción de la diligencia de ordenación dictada el pasado 17 de marzo por la sección tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJA, por la que se emplazaba a la Consejería de educación a aportar el expediente administrativo en un plazo de diez días, bajo amenaza de multa, “visto el tiempo transcurrido en exceso”. Y tanto. Aun así, la requisitoria no parece haber estremecido a la Consejería a tenor de sus demoledores efectos: el expediente administrativo sigue sin ser aportado al procedimiento. Tamaña dosis de paciencia no se ha visto nunca en la Sala Tercera cuando en lugar de la Administración son los  administrados los que se saltan los plazos establecidos, lo que da que pensar, y mucho, sobre la correcta aplicación por parte de los poderes públicos del principio constitucional de igualdad y no discriminación, así como de la tutela judicial efectiva.
La demanda, como ya se informó en su día, se dirige contra determinados artículos de la Orden de 14 de julio de 2016 (BOE 145 de 29 de julio) por contravenir normas de rango superior, como el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato; el Real Decreto 310/2016, de 29 de Julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato; laLey Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación;  la Ley 9/2007, de 22 de Octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía; y hasta la propia Constitución Española. Y se sustenta, no sólo en el criterio razonado de APIA, sino en los dictámenes de la Secretaría General Técnica de la propia Consejería, de su Asesoría Jurídica, y de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, aportados en todos los casos al expediente.
De esta forma, la Consejería habría alterado el modelo de acta de evaluación final del bachillerato, recogido en una norma básica de carácter estatal, al añadir de forma espuria unas anotaciones referidas al nivel competencial alcanzado, ignorando que la calificación numérica contenida en dichas actas ya es expresión del logro de los objetivos competenciales fijados.
También se habría incurrido en ilegalidad en los artículos relacionados con la prueba extraordinaria de septiembre, recogida en la Ley Orgánica de Educación. Por una parte se establece la obligación de elaborar un informe de evaluación negativa por parte del profesorado de las materias correspondientes, con la propuesta concreta de recuperación, para, más adelante, disponer, en flagrante contradicción con lo expuesto, que la prueba extraordinaria de septiembre sea elaborada por el departamento de coordinación didáctica correspondiente, generando con ello una notoria inseguridad jurídica, proscrita en nuestra carta magna.     
En la tendencia oscurantista que tan reiteradamente exhibe la Consejería cada vez que tiene ocasión, la Orden impugnada, en contra de lo dispuesto en el real decreto que regula las evaluaciones finales de la ESO y el Bachillerato, busca limitar de manera extraordinaria la difusión de los resultados de dichas evaluaciones, hurtando al conjunto de la comunidad educativa su conocimiento, tal y como dispone claramente el real decreto referenciado. En su lugar, la Consejería ordena que los resultados sean conocidos en exclusiva por una restringidísima comisión, infringiendo con ello, además, la Ley de Transparencia, y atentando contra el derecho a la información que consagra igualmente el art. 20º de nuestra constitución. Todo ello en un desesperado intento de ocultar el fracaso del sistema educativo en nuestra comunidad, que como tenemos ocasión de comprobar regularmente (cada vez que somos sometidos a una evaluación independiente  en cumplimiento de nuestras obligaciones transnacionales) no deja de mostrar sus deletéreos efectos.  
Por último, aunque quizá merezca la pena resaltarlo en primer lugar, la demanda interpuesta por APIA se dirige también contra la creación completamente espuria de las “Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones”, encargadas de informar las reclamaciones en segunda instancia a las calificaciones finales de la ESO y el Bachillerato, e instrumento del que viene sirviéndose la Consejería con total impunidad para cometer toda suerte de barrabasadas con el único objetivo de mejorar, por la vía de la (ilegítima) coacción, los resultados de un sistema educativo que hace aguas por todos lados. Es un hecho incontestable que al contrario de lo recogido en el art. 89 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de Andalucía, las citadas comisiones no han sido creadas por decreto, ni se ha regulado el mecanismo de designación de sus miembros, ni las normas de funcionamiento interno, ni tan siquiera se ha dado cumplimiento a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y a los arts. 92 y 95 de la misma Ley 9/2007, que obliga a la designación de la figura del secretario. A este respecto basta consultar los reveladores dictámenes de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública  así como de la Secretaría General Técnica de la propia Consejería, que se han incorporado al expediente. Cabe preguntarse a estas alturas por las ignotas razones del distinto enfoque dado por la Consejería al asunto de las reclamaciones de las calificaciones finales en la enseñanza primaria y secundaria, catalogadas ambas dentro de epígrafe “enseñanzas no universitarias” y dependientes de un mismo órgano de representación dentro de la Administración pública; a pesar de lo cual sorprende sobremanera que la vía administrativa se agote, en un colegio, en la figura de su director, sin que la reclamación llegue a la correspondiente Delegación territorial, mientras que en el caso de los Institutos de Educación Secundaria, la vía administrativa se agota en la Delegación en lugar de en la dirección del propio centro docente. A buen entendedor...

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LA VANGUARDIA y LA RAZÓN se han hecho eco de esta nota de prensa.