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APIA recurre las órdenes andaluzas que desarrollan el currículo de la ESO y el Bachillerato

La asociación de profesores acusa a la Consejería de saltarse aspectos obligatorios del Real Decreto que regula la ESO y de restar potestades a la figura del profesor, mientras que parece que se buscan ‘aprobados de despacho’

Sevilla, 10 de Octubre de 2016.- APIA, la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, ha presentado un recurso contra las dos Órdenes que regulan el currículo de la ESO y del Bachillerato en Andalucía, ambos adaptados a la LOMCE. Son varios los motivos contra estas disposiciones que se publicaron el pasado verano por parte de la Consejería, una práctica habitual de la Junta, que quizá de esa manera esperaba que ambas quedaran “al margen de toda posibilidad de fiscalización”.

Las Órdenes han sido recurridas ante los tribunales por distintos motivos. La de la ESO porque con ella se incumplen “de manera flagrante” aspectos que vienen recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que marca claramente la obligatoriedad de establecer en esta etapa educativa tres ámbitos específicos en los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, incluido el de Lenguas extranjeras. Sin embargo, la Consejería ha decidido condicionar de manera arbitraria al criterio de cada centro docente, en función de sus propios recursos, cuando el Real Decreto se refiere claramente a estos tres ámbitos como un “mínimo” en el caso de no optarse por una organización integrada de estos programas relacionados con la atención a la diversidad.

De otro lado, la Junta ha dispuesto que la prueba extraordinaria de septiembre sea elaborada por el departamento de coordinación didáctica correspondiente, en lugar de que lo haga el profesor concreto de esa materia, mermando así potestades al docente. En ese sentido, “la Consejería se contradice a sí misma”, subrayan desde el sindicato, ya que en esos mismos documentos asigna “a cada profesor la competencia exclusiva para hacer la propuesta de actividades de recuperación en cada caso” para los alumnos suspensos en junio, algo que puede llegar a entenderse, incluso como la elaboración de exámenes personalizados en función de lo que tengan pendiente esos alumnos. La intención “uniformizadora” de la Junta choca igualmente con el contenido del artículo 10 del Decreto 327/2010, que otorga al profesorado, en función de la libertad de cátedra reconocida en la Constitución, “la autonomía necesaria para ejercer su actividad profesional sin interferencias espurias y mediante los métodos que en cada momento considere más adecuados”.

Para APIA también resulta “grave” que la Consejería parezca buscar ‘aprobados de despacho’ con la creación de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamación, “verdaderos sanedrines controlados de una forma férrea por las Delegaciones territoriales y cuyo único objetivo parece ser la desautorización sistemática del profesorado, aprobando por doquier, muchas veces de manera escandalosa, a alumnos previamente suspendidos en dos instancias anteriores (su profesor y el departamento didáctico correspondiente)”. Además la creación de esos órganos suponen una infracción de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la propia Administración de la Junta de Andalucía, al no indicarse en modo alguno en las órdenes impugnadas ahora por APIA los criterios legales aplicables para la designación del presidente y de los restantes miembros de estos órganos colegiados, así como de su propio funcionamiento interno, contraviniendo lo dispuesto en el art. 89 de la referida Ley. A ello hay que sumar, el origen ilegal de estas comisiones, ya que no se han creado formalmente mediante decreto alguno, hecho que para APIA es “sumamente grave”.

Desde el colectivo docente se hace hincapié en otro hecho, esta vez relativo a las pruebas de evaluación final en la ESO y el Bachillerato, recogido en el Real Decreto 310/2016 y que la Junta parece dispuesta a no respetar. La Consejería pretende que la difusión de los resultados de esas pruebas finales sean conocidos en exclusiva por una “Comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares”, en lugar de por toda la “comunidad educativa” como prescribe este Real Decreto. “¿Supone esto un intento de ocultar malos resultados y enmascarar la pésima situación objetiva en la que se encuentra la enseñanza pública en Andalucía?”, se preguntan desde APIA.

Además, La Consejería ha ido incluso más allá al modificar, sin tener potestad para hacerlo, uno de los documentos oficiales de evaluación prescritos en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014 y cuyo contenido debe ser igual, por razones de homologación, en todo el territorio del Estado. En concreto, en las actas de evaluación, las órdenes impugnadas han incluido de rondón una referencia explícita al grado de adquisición de las competencias (con las anotaciones I, M y A), que no se contempla en el Real Decreto.

Por último, la Consejería ha utilizado una redacción lo suficientemente confusa en ambas órdenes, en lo que respecta a la información que deben recibir los padres o tutores legales de los alumnos, “de tal forma que de ella se pueda hacer cualquier interpretación, por más abusiva e ilegal que pueda ser”. De esta manera se quiebra el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3), que en palabras de propio Tribunal Constitucional (la STC 46/1990, de 15 de marzo) “implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas". Justo lo contrario ha hecho la Consejería al disponer que tanto tutores como el resto del profesorado pueda informar a los padres o tutores legales del alumnado sobre la evolución escolar del mismo, todo ello “con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas”. Los únicos profesores que tienen asignada esta competencia de modo directo, e incluida en su jornada laboral, son los tutores o tutoras, de acuerdo con lo dispuesto tanto en el Decreto 327/2010, como en la Orden de 20 de agosto de 2010 que lo desarrolla. Además, esa información ya se facilita, por eso y en todo caso, habría que haber incluido, al aludir al “resto de profesorado” la apostilla “a través de los primeros (de los tutores)”, eludiendo así la confusión generada.

Versión para imprimir.

EUROPA PRESS se ha hecho eco de esta nota de prensa.

LA VANGUARDIA informa sobre la admisión a tramite los recursos presentado por APIA.