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APIA valora ante la Comisión de Educación del Parlamento andaluz el Proyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía

El 24 de abril los representantes de APIA Inmaculada Blanco y Javier Puerto han tenido ocasión de trasladar sus opiniones y propuestas ante el Proyecto de Ley de Formación Profesional de Andalucía. Este Proyecto, que a priori debiera revitalizar la FP andaluza dotándola de más medios materiales y humanos así como estimular campos tan sugestivos como la FP Dual o flexibilizar la formación en los centros de trabajo, ofrece perfiles inquietantes como el posible desembarco de la corrompida “formación para el empleo” en las aulas de los centros públicos andaluces, algo que de llevarse a cabo va a encontrar la frontal oposición de APIA.

INTERVENCIÓN ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Señoras y señores diputados miembros de la Comisión de Educación:

En primer lugar, gracias por invitar a la organización que represento, APIA, para hacer oír la voz del profesorado de Secundaria de la enseñanza pública andaluza, en particular la de quienes ejercen la docencia en la Formación Profesional.

Para empezar, apoyamos que se disponga un nuevo ordenamiento legal para la Formación Profesional en Andalucía que afirme de ésta que “tiene que estar conectada con las empresas por lo que, además de la formación en centros de trabajo que con carácter obligatorio realiza todo el alumnado de formación profesional en el sistema educativo, los centros docentes tienen que organizar y realizar actividades que permitan ese acercamiento, tales como visitas a empresas, conferencias de profesionales y empresarios, diseño de proyectos empresariales, etc.”, y que también señale que “la oferta formativa en el ámbito de la formación profesional para el empleo debe atender a las necesidades de los sectores productivos en cada momento, dentro de una economía de mercado abierta, en una realidad de internacionalización de los intercambios comerciales y de permanente cambio provocado por la revolución tecnológica”.

Dicho esto, creemos necesaria una revitalización, en serio, de la Formación Profesional para nuestros jóvenes pues, en las últimas décadas, ley educativa tras ley educativa, la FP se ha ido metamorfoseando en una opción minoritaria sólo al alcance de unos pocos, debido a la muy escasa oferta de plazas de ciclos formativos. Tanto es así, que un número creciente de alumnos acaban matriculándose sin ganas ni ilusión en Bachillerato al no tener acceso a la deseada plaza, lo que acaba incidiendo negativamente en el nivel de esta enseñanza postobligatoria. En este sentido, el Proyecto de Ley que aquí se debate señala en su artículo 19 que “La Administración educativa, a fin de posibilitar la formación profesional de la población andaluza, incrementará de forma progresiva, hasta atender la demanda existente, la oferta de formación profesional en el sistema educativo andaluz.” Ahora bien, ¿en qué consiste esa “forma progresiva”? Nosotros sólo lo concebimos de una manera: creando más líneas en cada uno de los niveles de cada ciclo formativo, y contratando más profesores que las atiendan; todo lo que no pase por esto tememos que, una vez más, quede en el limbo de las buenas intenciones.

Más allá de esta premisa general e imprescindible, hay una serie de elementos en el Proyecto sobre los que APIA ha puesto su atención.

La regulación de los llamados Centros Integrados de Formación Profesional ofrece un perfil que nos inquieta, desde la óptica de una enseñanza pública transparente y garantista: Por un lado, se nos afirma que “la dirección de los centros integrados de formación profesional de titularidad pública será provista por el procedimiento de libre designación”; que gozarán de “una amplia autonomía de gestión para poder organizar flexiblemente la oferta formativa que sea demandada en su entorno” y de capacidad para “suscribir acuerdos y convenios con empresas, instituciones y entidades para ofrecer servicios de formación”; si a esto le sumamos lo dispuesto en la Disposición adicional tercera. Oferta integrada de formación profesional. 1. La Consejería competente en materia de educación podrá autorizar a centros públicos del sistema educativo para ofrecer de forma integrada una oferta de formación profesional en el sistema educativo y para el empleo, nos cabe temer que estos centros públicos educativos de Formación Profesional terminarán dando cabida a una oferta de formación para el empleo en manos de personal ajeno a la Consejería de Educación: Si como señala el artículo 33 la financiación de los centros integrados corresponde a dicha Consejería, a la misma y no a otra compete la selección de sus docentes, o sea, Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional bajo las mismas garantías legales que en el resto de centros públicos.

No nos gusta que la Formación Profesional para el Empleo se vincule a la enseñanza pública andaluza. No nos gusta que el negocio de las asociaciones patronales y de ciertos sindicatos conviva con nuestros alumnos y con nuestros docentes. Sin duda, estas organizaciones pueden participar en calidad de asesoras en el diseño de la FP o en la formulación de las necesidades del mercado, pero rechazamos tajantemente esta fórmula de centros integrados en tanto la formación que allí se ofrezca no esté exclusivamente en manos de profesores de la Consejería de Educación y bajo la supervisión directa de la misma.

Igualmente rechazamos la selección a dedo de sus directores: El procedimiento de libre designación sólo puede ser aceptable para centros de nueva creación y, una vez creados, para situaciones extraordinarias; para todo cuanto no sea esto la selección de directores debe seguir los mismos procedimientos que los demás centros docentes; fijar tan excepcional procedimiento en un texto con rango de Ley como único posible nos parece un despropósito.

Pasando a otro aspecto, en el articulado referido a las Cualificaciones Profesionales se dice que, más allá de lo dispuesto en el Catálogo Nacional de éstas, base de nuestras cualificaciones profesionales, “con carácter temporal y transitorio se podrán definir cualificaciones profesionales de ámbito andaluz” (Art. 6.1), lo que nos hace formularnos algunas preguntas: ¿Con base en qué criterios se fijarían esas cualificaciones NO incluidas en el CNCP? ¿Qué quiere decir con “carácter temporal y transitorio” y a qué ramas profesionales pertenecerán? ¿Tenemos garantías de que dichos títulos podrán efectivamente incorporarse al CNCP? ¿Qué pasará con el alumnado de esos “ciclos formativos andaluces” que titulen si su título aún no ha sido incluido en aquél? ¿Qué ocurre si titulan y el ciclo no puede ser incluido porque alguna de las unidades de competencia asociadas a los respectivos módulos profesionales no se corresponde con los catálogos del Instituto Nacional de Cualificaciones INCUAL? ¿Por qué se priorizan los certificados de profesionalidad frente a los títulos? Si no dispone de respuestas solventes a estas cuestiones, recomendamos a la Junta de Andalucía que no se meta en inciertas propuestas que sólo pueden perjudicar a los alumnos.

Seguimos. El Artículo 12 habla en su punto 1 de pruebas de diagnóstico y en el 2 de facilitar el contacto del alumnado con las empresas más allá de lo que supone la FCT Formación en Centros de Trabajo. Tales pruebas de diagnóstico pretenden “identificar el nivel de adquisición de las competencias profesionales del alumnado con objeto de establecer planes individualizados de aprendizajes adaptados a su situación de partida”, lo cual en APIA nos parece un “parche” de dudosa eficacia frente a un problema cada vez más evidente: la baja preparación que los alumnos traen de la ESO, en particular de aquellos que optan por el itinerario orientado a la Formación Profesional. Hay que dignificar la Formación Profesional y hacerla atractiva para los alumnos de la ESO, pero sin devaluar los contenidos de los ciclos formativos mediante supuestos “planes individualizados” cuya meta principal no parece ser otra que encubrir el creciente fracaso entre el alumnado de Grado Medio; es en la ESO donde hay que preparar adecuadamente a sus futuros titulados, y no proyectarlos irresponsablemente hacia niveles donde difícilmente van a dar la talla.

En lo que se refiere a ese contacto de los alumnos con las empresas más allá de la Formación en Centros de Trabajo el Proyecto no aclara nada; siendo esto así, creemos más beneficioso, mientras tanto, que la administración pública incentive a las empresas para facilitar su colaboración, que el alumnado a su vez pueda implicarse más en la búsqueda de empresas donde realizarla, o beneficiarse de una flexibilidad en el calendario de este módulo –especialmente durante el tercer trimestre– y la posibilidad de que el mismo pueda ser semipresencial.

Por otro lado, se crean o redefinen una serie de organismos, como el Consejo Rector del Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía, el Consejo Andaluz de Formación Profesional (ya existente, se redefine), y el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales (ya existente, se redefine); una de sus principales tareas parece ser la confección (Art. 50) de un Plan Estratégico de la Formación Profesional de Andalucía. Ante la inconsistencia habitual de semejantes planes estratégicos, creemos en APIA que los mejores ingredientes para el éxito son inversiones, contratación de profesores y estabilidad laboral para los mismos.

Valoramos positivamente el desarrollo del Servicio de Orientación y Acreditación Profesional (Arts. 15 y siguientes), aunque nos preocupa la dotación de medios materiales y humanos que requiere. Se habla de poner a disposición del Servicio los centros pertinentes, los servicios de orientación, el profesorado de FOL, etc., pero ¿estamos hablando de ampliar las plazas de orientación educativa y FOL o de un trabajo añadido para los que ya existen? Del mismo modo (Art. 17) cuando se habla de la acreditación de las competencias profesionales, no se dice quién las hará ni cómo ¿Los profesores de los centros a través de algún tipo de prueba? ¿O se limitarán a emitir un certificado acreditando una supuesta experiencia laboral sobre la que no se tiene ningún tipo de control? Disposiciones como éstas deben ir acompañadas de un incremento de los recursos humanos y materiales si en verdad deseamos que funcionen.

Nos parece también positiva la apuesta por la Formación Profesional Dual (Art. 23), y muy interesante lo dispuesto en el artículo 24 sobre movilidad, con concesión de ayudas a los alumnos para la realización de estancias de aprendizaje en centros o empresas de otras comunidades autónomas y de otros países.

En lo que se refiere al funcionamiento de los centros y de forma general, creemos en APIA que hay que adecuar la dotación y el tamaño de las aulas de ciclos formativos a la normativa vigente; que se debe fomentar el desdoble del profesorado en los módulos que requieran especial atención docente y/o presenten un elevado número de alumnos; y que se debe también permitir que sean los propios centros los que decidan la cantidad máxima de alumnos que puedan ser matriculados, según los medios e instalaciones disponibles. Aspectos tan sencillos como éstos entrañarían una mejora de la Formación Profesional tan válida como el mejor de los proyectos.

Para terminar, los últimos artículos del Proyecto hacen referencia a la financiación. La Ley que se pretende ahora aprobar abre la puerta a que los centros públicos puedan hacer prestaciones de servicios distintos a los gravados con tasas. También se habla de la financiación de centros privados a través de subvenciones convocadas mediante concurrencia competitiva, o mediante conciertos educativos. Y se habla de becas y ayudas a las personas desempleadas. Desde APIA, no podemos sino replicar a esto que el dinero público debe ir a los centros públicos, luego el sistema de conciertos con centros privados debe desaparecer gradualmente, más pronto que tarde; y sobre las becas y ayudas a los desempleados, sin dejar de admitir su necesidad, estimamos necesario un control riguroso de la concesión y uso de las mismas, con objeto de evitar los fraudes.

Gracias de nuevo por su atención; espero que estas propuestas y recomendaciones sirvan para enriquecer la nueva Ley de la Formación Profesional en Andalucía.

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