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Balance fin de curso

Balance fin de curso

Time present and time past
Are both perhaps present in time future
And time future contained in time past.

Este bucle poético que abre los Cuatro Cuartetos de T.S. Eliot podría definir la impresión de muchos docentes de la enseñanza pública andaluza sobre el transcurso del último año escolar; la sensación de que las cosas de nuestro oficio tienen un sino predeterminado e inmune a todo cambio o contingencia. La realidad, con su carga prosaica, podría alimentar la impresión descrita si atendemos a cuanto ha acontecido desde septiembre de 2014.

La LOMCE ha proseguido su desarrollo, y si bien sus efectos directos sobre la enseñanza secundaria no empezarán a notarse hasta el próximo curso, a lo largo de éste ya se han dispuesto las reglas sobre el qué y el cómo. En lo que atañe al qué, el ministro Wert amagó con un Real Decreto de Especialidades que disponía que cualquier profesor pudiera impartir clase de un tan extenso como variopinto repertorio de materias lejanamente emparentadas con su especialidad, aunque finalmente tuvo que retirarlo; se ha publicado el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se ha empantanado la labor docente con una Orden que vincula los contenidos y la evaluación de las asignaturas con el vaporoso enfoque metodológico de las llamadas “competencias básicas”.

Frente a las iniciativas del Ministerio, La Junta de Andalucía y su Consejería de Educación persisten en mostrarse públicamente como baluarte de la enseñanza pública, algo que los hechos se encargan de desmentir, por ejemplo, como cuando desde APIA demostramos el pasado mes de octubre que Andalucía es la comunidad autónoma donde más ha retrocedido en los últimos años el porcentaje de centros públicos; entre 2002 y 2013 el porcentaje que representan en el total del sistema educativo no universitario ha caído ni más ni menos que un 13 %, mientras en el conjunto nacional ha descendido sólo un 4 %. Y por si esto no fuese bastante, la enseñanza privada sigue recibiendo subvenciones de la Junta de Andalucía. Tampoco ha sido una novedad que la Consejería continúe otorgando “aprobados de despacho” a cuantos alumnos reclamen notas a las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones con los más peregrinos argumentos.

Pero donde más escandalosamente ha brillado el contraste entre el discurso oficial y la realidad docente ha sido en nuestras condiciones laborales: Para empezar, la Junta de Andalucía retuvo injustificadamente el pago de nuestras nóminas del mes de diciembre hasta el límite que le permitía la legalidad, algo sobre lo que APIA pidió cuentas al Consejero y a lo que se nos respondería –casi tres meses después- achacando el retraso a las entidades bancarias. Y fue casi la única comunidad autónoma que rechazó pagar a sus funcionarios la parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, tal como había dispuesto el Ministerio de Hacienda en los Presupuestos Generales del Estado para 2015.  Mientras tanto, los cuatro mil quinientos profesores interinos han seguido otro año más en la calle y, encima, hace apenas tres meses, a la Consejería de Educación le da por exigir a los de Formación Profesional una acreditación pedagógica que debiera haberles pedido en 2009 para poder trabajar.

Para conocer cuál ha sido la reacción de las fuerzas sindicales frente a estas agresiones habría que volver a los versos de Eliot. Las elecciones de diciembre de 2014 pusieron de manifiesto el hartazgo que una parte creciente de los docentes siente frente al sindicalismo oficial y apoltronado, hacia el cual la Consejería no ocultaba su predilección cuando les regalaba cuarenta liberados sindicales durante la campaña electoral. Unas elecciones que a efectos reales hubieran dejado a los profesores andaluces de la enseñanza pública igual de huérfanos que antes, de no haber sido por la concurrencia de iniciativas tales como las concentraciones de protesta contra la discriminación salarial del 29 de enero, en las que participó activamente APIA, o la creación de la Plataforma Unitaria de Acción (PUA) docente en la cual también participamos junto con otros sindicatos y colectivos.

En APIA hemos continuado exigiendo que los profesores andaluces, igual que en otras comunidades autónomas, puedan recuperar movilidad con el llamado “concursillo”; hemos dispuesto para nuestros asociados un Fondo de Compensación para paliar los descuentos en el salario que sufren aquellos funcionarios que tienen que darse de baja; hemos recurrido judicialmente las oposiciones de maestros al ofertar a los opositores plazas de Secundaria; hemos ganado también en los tribunales el derecho a cobrar haberes salariales que habían sido escatimados a los profesores de instituto, como el Complemento de Primer Ciclo de la ESO; y hemos denunciado y conseguido que la Consejería retire las Instrucciones del 9 de mayo por las cuales las asignaturas troncales de Bachillerato veían reducidas arbitrariamente su número de horas semanales. Toda una labor que, con menos recursos que el sindicalismo oficial pero mayor tenacidad, ha hecho de nuestra asociación el referente de los profesores de secundaria andaluces.