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A instancias de los servicios jurídicos de APIA, un juez ordena pagar a un profesor retribuciones no abonadas por la Junta por una incapacidad temporal

Un juez ordena a la Consejería la devolución inmediata del descuento practicado ilegalmente en un caso de incapacidad temporal, condenándola en costas

    En sentencia dictada por el juzgado nº 2 de lo contencioso-administrativo de Jaén, a instancias de los servicios jurídicos de APIA, el Sr. Magistrado considera probado que la patología desencadenante de la incapacidad temporal se encontraba incluida, sin ningún género de dudas, dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, al contrario de lo mantenido por la Delegación territorial de Jaén; así como que el demandante había sido intervenido quirúrgicamente, como se desprende inequívocamente de la documentación aportada, lo que tampoco fue óbice para que la Asesoría Médica de la Delegación territorial de Jaén afirmara lo contrario.    

La actuación, claramente contraria de derecho, de la Delegación territorial y de su Delegada a la cabeza, reviste una especial gravedad por cuanto primero se dictó una resolución desestimatoria de la solicitud de percepción de 100% de las retribuciones, fundamentada en que el tratamiento no se encontraba dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, para a continuación, de forma completamente torticera, y en respuesta al recurso de reposición presentado,cambiar el motivo de la desestimación, afirmando sin inmutarse que no se había producido intervención quirúrgica alguna, sin tener en cuenta la certificación del propio cirujano. Ello generó al demandante una notable indefensión, proscrita en nuestro ordenamiento jurídico.    

La cicatería mostrada, esta vez, por la Delegación territorial de Jaén, añadiendo un plus de penalización ilegal a aquellos profesores que se ven en situación de incapacidad temporal, contrasta sobremanera con el despilfarro continuo practicado por la Consejería, que no duda en destinar buena parte de su presupuesto a infinidad de proyectos inútiles, cientos de asesores dedicados a tareas meramente burocráticas, e innumerables subvenciones a entidades del más variado pelaje y grado de sumisión semejante.    APIA recomienda a todos los profesores que puedan verse en la situación del demandante que no se plieguen al avasallamiento de la Consejería y recurran por todos los medios a su alcance resoluciones tan ilegales como la que ha sido objeto de esta sentencia.

Noticia en EUROPA PRESS