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El TSJA estima el recurso interpuesto por APIA contra la Orden de 14 de julio de 2016, de la Consejería de Educación, que regula, entre otros, el CURRÍCULO y la EVALUACIÓN en la ESO

Nota de prensa

Mediante una reciente SENTENCIA de diciembre de 2018, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, con sede en Sevilla, ha fallado ANULANDO los PRECEPTOS de la citada Orden que fueron IMPUGNADOS en su día por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA). De esta forma, y como se instaba en la demanda presentada, HAN QUEDADO EXCLUIDOS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO:

1) La CREACIÓN de las denominadas COMISIONES TÉCNICAS PROVINCIALES DE RECLAMACIÓN, destinadas a examinar e informar las reclamaciones a las calificaciones finales de junio y septiembre, en abierta infracción del art. 89 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que obliga a su creación mediante Decreto y a especificar los criterios legales aplicables para la designación del presidente y de los restantes miembros de dichos órganos colegiados, así como de su propio funcionamiento interno; algo que la Consejería decidió eludir, convirtiendo dichos órganos en verdaderos “TRIBUNALES DE EXCEPCIÓN” manifiestamente anticonstitucionales. Todo esto contrasta sobremanera con la exigua regulación de los procedimientos de reclamación en la enseñanza primaria, catalogada, junto a la secundaria, dentro de los niveles no universitarios y sujeta a los mismos órganos de representación y negociación, y en la que, sin embargo, la reclamación a la calificación final en vía administrativa se agota en el propio colegio (finalmente resuelve el director), no en la Delegación Territorial de Educación, como sí ocurre en la enseñanza secundaria (resolviendo el titular de la Delegación), algo a todas luces injustificable.

2) La contradictoria DISPOSICIÓN QUE ATRIBUÍA A LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS LA POTESTAD DE ELABORAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE (para alumnos suspensos en junio), cuando previamente la misma norma había asignado a cada profesor de la materia, en concordancia con lo prevenido en el Decreto 327/2010, la competencia exclusiva para “hacer la propuesta de actividades de recuperación en cada caso”, relacionadas con dicha prueba, generando con ello una notable inseguridad jurídica contraria al ordenamiento legal vigente.

3) La irregular MODIFICACIÓN DE LAS ACTAS FINALES DE EVALUACIÓN, documentos oficiales de ámbito estatal, a las que la Consejería añadió indebidamente unas ANOTACIONES tan ESPURIAS como gratuitas, vinculadas al grado de adquisición de las competencias clave, no contempladas en el Real Decreto 1105/2014, de obligado cumplimiento en todo el territorio del Estado.

4) La SUPRESIÓN, contra legem, del TERCER ÁMBITO OBLIGATORIO, DE “LENGUAS EXTRANJERAS”, en los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, que la Consejería decidió condicionar de manera arbitraria al criterio de cada centro docente, vulnerando de forma flagrante lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014.

5) La SUSTITUCIÓN, también espuria, de la “COMUNIDAD EDUCATIVA”, en su conjunto, por una restringida “COMISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES”, en lo que a la DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN FINAL DE LA ESO se refiere, en contra de lo dispuesto en el Real Decreto 310/2016 (norma básica de obligado cumplimiento) y en consonancia con su política de activa ocultación de la pésima realidad educativa andaluza.

A partir de este momento, y con independencia de que la sentencia sea recurrida ante el Tribunal Supremo, EXIGIREMOS SU CUMPLIMIENTO, muy particularmente en lo que concierne a la supresión inmediata de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamación, de la disposición que otorga a los departamentos didácticos la potestad de elaborar las pruebas extraordinarias de septiembre, de las anotaciones espurias introducidas en las actas finales de evaluación; así como la máxima difusión, dentro de la comunidad educativa, de los resultados de las pruebas de evaluación final de la ESO (cuando se lleven a cabo) y la restitución, con vistas al curso próximo y con carácter obligatorio, del ámbito de "idioma extranjero" en los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.

Queremos igualmente aprovechar la ocasión que nos brinda la próxima formación de un nuevo gobierno en Andalucía para instarle, desde ese preciso momento, a un cambio de rumbo en lo que al obligado ACATAMIENTO DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES se refiere por parte de la Consejería de Educación, procediendo a EJECUTAR LA SENTENCIA EN SUS ESTRICTOS TÉRMINOS y sin más demora, sin perjuicio de los cambios reglamentarios en materia educativa que en el ejercicio de su legítima acción de gobierno tenga intención de acometer en un futuro, evitando con ello la futura impugnación de cuantas resoluciones se dicten, a partir de ahora, en base a los preceptos que han sido anulados.

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LA VANGUARDIA se ha hecho eco de esta nota de prensa.