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Formalizada demanda contra la Consejería de Educación y Deporte por vulneración del derecho fundamental a la liberta sindical (créditos horarios de APIA)

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

APIA demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la Consejería de Educación y Deporte de Javier Imbroda por su voluntad de doblegar, cueste lo que cueste, la independencia sindical.

Sevilla, 20 de agosto de 2019. La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) acaba de formalizar, con fecha 16 de agosto y ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Sevilla, escrito de demanda contra la Resolución de 5 de julio, del Director General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, por la que, resucitando actuaciones ilegales de su departamento, anteriores a 2013 y clamorosamente contrarias a la jurisprudencia sentada por el propio TSJA (y respaldada posteriormente por el Tribunal Supremo), ha vuelto a dispensar a APIA un trato claramente discriminatorio, respecto de los sindicatos firmantes del actual Acuerdo Sobre Liberaciones Sindicales, que VULNERA de forma palmaria su DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD SINDICAL.

La Resolución impugnada castiga nuevamente a APIA por no querer doblegarse al modelo de liberación sindical “completo o total” impulsado por la Consejería, concediendo a los sindicatos firmantes una SUSTANCIOSA DÁDIVA en horas de liberación sindical, que va mucho más allá de lo establecido en el artículo 41 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, obviando de manera, diríase incluso que temeraria, el mandato explícito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dispuso, allá por 2012, que “… si la Administración considera que, más allá de los límites estrictos, han de adjudicarse más horas a las entidades sindicales, ha de distribuirlas entre todas ellas de forma proporcional al número de delegados conseguidos, pero no de forma arbitraria, supeditándolo a que se acepte el pacto de acumulación de los créditos horarios (y con ello que se acoja la fórmula de "liberación total"), puesto que la opción por la "liberación parcial" es también legítima y la Administración no puede dirigir, ni coaccionar, el legítimo ejercicio de las funciones sindicales.”(Fundamento de derecho 3º de la Sentencia de 2 de febrero de 2012, de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Sevilla, P.O. 546/11).   

La mala intención del nuevo titular de la DGPGRH es notoria, por más que desconcertante, si consideramos la hipotética tarea de “regeneración” que decían haber asumido los nuevos mandatarios de la Consejería, en manos del partido político Ciudadanos, y denota un integrismo doctrinal cercano, o aun peor, a las prácticas más denostables de la anterior Administración Educativa socialista. La clave quizá estribe en las lealtades adquiridas por D. Juan Carlos Aunión Ruiz, actualmente Director General de la cosa, con representantes de la antigua Consejería socialista durante su prolongado periodo como destacado miembro del equipo de la Jefatura Provincial de Recursos Humanos en la Delegación Territorial de Educación de Sevilla. Más le valiera al Sr. Imbroda, actual Consejero de Educación, revisar su política de nombramientos con urgencia, porque si esto es “regenerar”…

Como hemos tenido ocasión de descubrir, examinando el expediente administrativo aportado al procedimiento judicial por la Consejería, la actuación de la DGPGRH –Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos– ha estado jalonada de notorias irregularidades, que no cabe justificar en la lógica inexperiencia de un recién llegado, sino en una deliberada intención de hacer daño, aunque ello suponga transitar por la difusa barrera existente, en muchos casos, entre la infracción administrativa y el delito puro y duro.

Así, hemos conocido que el INFORME JURÍDICO (de otro representante de los “viejos tiempos” de la Consejería) destinado, al decir del Jefe del Departamento de Coordinación de la DGPGRH, a dar sustento a la resolución del Director General impugnada por APIA, no existía el día 5 de julio (fecha de dicha resolución), sino que se confeccionó ad hoc, el 26 de julio, nada menos que casi dos meses después de que fuera solicitado por el  citado Jefe del Departamento de Coordinación, el 5 de junio, y tras el anuncio del recurso judicial de APIA. Y lo que es peor, en absoluto versaba sobre el núcleo esencial del litigio, a saber, la aplicación de la jurisprudencia existente (del TSJA y del TS) en lo que al cálculo de los créditos sindicales de APIA se refiere, como había venido siendo norma desde 2013. El citado Director General habría actuado pues, apartándose de la norma seguida desde esa fecha, de manera completamente ARBITRARIA e INJUSTA, abocando de esta forma a la NULIDAD de pleno derecho de la referida resolución. El citado Jefe del Departamento de Coordinación, por su parte, mintió con descaro a APIA, el propio 5 de junio, fecha de petición del informe, al supeditar la posterior resolución del Director General a una consulta que nada tenía que ver con la cuestión suscitadaretrasándose aquella de forma injustificada hasta el 5 de julio. De todo lo cual no cabe sino inferir que la decisión del nuevo Director General de vulnerar la jurisprudencia existente, apartándose de la norma seguida hasta ese momento por la DGPGRH, estaba tomada de antemano, deliberadamente, mucho antes de esa fecha.

Que la determinación del nuevo titular de la DGPGRH no era otra sino la de infligir un serio correctivo a la Asociación de profesores de Instituto de Andalucía, se comprueba igualmente en el contenido del resto de su resolución, que, dando una nueva vuelta de tuerca, y lo que es más revelador aún, EN CONTRA del posterior INFORME JURÍDICO reseñado (hecho que revela una más que notable descoordinación dentro del Departamento), decidió, por su cuenta y riesgo, cambiar el procedimiento de ACUMULACIÓN de créditos sindicales, previsto en la legislación, apartándose del que se venía poniendo en práctica en la DGPGRH y en toda la Administración autonómica desde que se tiene constancia y existen Acuerdos de la Mesa General de Negociación. Así, se ha procedido, sólo en el caso de APIA y de otro sindicato que se ha negado también a suscribir el acuerdo, a la acumulación de dichos créditos en el ámbito de cada una de las provincias, prohibiendo el trasvase de horas entre ellas y hacia aquellas en las que no está representada en las Juntas de Personal, al contrario de lo sucedido con los sindicatos firmantes del Acuerdo Sobre Liberaciones Sindicales, a los que se les han acumulado los créditos en una única bolsa de carácter autonómico, con un aumento considerable del regalo en horas de liberación, permitiendo toda clase de licencias en su reparto, incluida la no obligación de comunicar la cesión de horas por parte de las personas cedentes.

La actuación, manifiestamente burda, se enfrenta de lleno, como se ha dicho, al contenido del Acuerdo de 29 de octubre de 2012, de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, sobre créditos y permisos sindicales, traído precisamente a colación por el Jefe del Servicio del Régimen Jurídico y Servicios en el referido informe jurídico que lleva su firma, y en cuyo apartado sexto, “Criterios comunes y obligatorios para la regulación del crédito horario en todos los sectores de la Administración de la Junta de Andalucía”, subapartado 1 (“Bolsa de horas”), se alude de manera indubitable a una ÚNICA BOLSA (de ámbito autonómico) y a su gestión centralizada en los Centros Directivos en materia de recursos humanos (en el caso del sector educativo, la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería), dejando al Director General en un grado de desnudez apreciable.  

En cada uno de los sectores de la Administración de la Junta de Andalucía se formará UNA Bolsa de horas en la que se incluirán todos los créditos horarios para la realización de funciones sindicales de los órganos de representación unitaria y de los delegados y las delegadas sindicales, cedidas por todos los representantes unitarios y delegados y delegadas sindicales de cada organización sindical. Dicha cesión se realizará mediante escrito en el que conste la firma de la persona cedente.”(aptdo. 6, subapartado 1, del Acuerdo).

Finalmente, el radical cambio de criterio operado por el titular de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, respecto de las actuaciones que venía manteniendo ese departamento, desde 2013, en lo relativo a la jurisprudencia en materia de cómputo de los créditos horarios sindicales, y, desde que hay elecciones sindicales, en lo referente al procedimiento de acumulación de los créditos horarios, afrenta de un modo directo la asentada doctrina de “los actos propios o "venire contra factum proprium non valet", que halla su fundamento legal en el art. 7.1 del Código Civil y, que en palabras del propio Tribunal Constitucional, “significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad, generalmente de carácter tácito […] y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio” (STC 73/1988, de 21 de abril); doctrina que ha de interpretarse en conexión con la prohibición del abuso de derecho, expresamente contemplada, por su parte, en el artículo 7.2 del código civil, pues, la resolución de la Dirección General, pretendiendo hacer valer una pretensión contraria a la confianza generada por su conducta anterior, jurídicamente relevante, supone actuar de manera claramente "abusiva", dado que el derecho ejercido por quien actúa de esta manera ha de reputarse como tal, sin la menor vacilación.

En definitiva y como conclusión, este desaforado ataque al sindicalismo independiente que representa la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía APIA, una organización firme en sus principios pero modesta en sus recursos si la comparamos con otras apesebradas y muy subvencionadas organizaciones, supone un salto cualitativo respecto a las prácticas arbitrarias de la anterior Consejería de Educación, al mostrar una manifiesta voluntad de exterminio hacia el independiente por parte de la Consejería del señor Imbroda, algo tan distante de la cacareada “regeneración” que Cs decía traer en sus alforjas como apegado a la práctica mafiosa de liquidar al disidente como aviso aleccionador al resto.

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EUROPA PRESS y LA VANGUARDIA se han hecho eco de esta nota de prensa.