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La Consejería de Educación y los sindicatos de la Mesa Sectorial hicieron trampas en las pasadas elecciones sindicales de diciembre

Nota de prensa

El juzgado nº 3 de lo contencioso-administrativo de Sevilla ha dictado SENTENCIA, recaída a instancias de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), DECLARANDO VULNERADOS LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA LIBERTAD SINDICAL, de los arts. 14º y 28.1º de la Constitución Española, mediante la INSTRUCCIÓN que reguló las pasadas ELECCIONES SINDICALES del 4 de diciembre de 2018.  

Como ya advirtió APIA en el momento de la interposición del recurso, la Instrucción de 1 de octubre de la Viceconsejería de Educación de la Junta de Andalucía, firmada por su entonces titular, Dª Elena Marín Bracho, con el pretexto de regular el proceso electoral, otorgó a los cinco sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de Educación (CSIF, CCOO, UGT, ANPE y USTEA), una prebenda injustificable de cara al proceso de elecciones sindicales a las Juntas de Personal Docente de la enseñanza de los niveles no universitarios (que daría comienzo el 5 de octubre); y carente del menor fundamento legal, lesionando de esta forma DERECHOS FUNDAMENTALES constitucionalmente protegidos. La DÁDIVA, consistente en el regalo de dos liberados totales por provincia y para cada uno de las citadas organizaciones sindicales, durante los dos meses que duró el proceso electoral, fue negociada, al decir de la Consejería, en una mesa sectorial previa, hecho éste que revela la COMUNIÓN DE INTERESES existente entre una (la Consejería) y otros (los sindicatos de la mesa sectorial), y siembra la lógica duda sobre los verdaderos fines de la actividad sindical desarrollada por estos últimos.

El hecho es que los SINDICATOS PROMOTORES acudieron a la cita electoral en SITUACIÓN VENTAJOSA respecto del resto de organizaciones sindicales que, como APIA, no forman parte de la Mesa Sectorial, en flagrante violación del art. 14º de la Constitución Española, como señala una asentada doctrina del Tribunal Constitucional, viciando el procedimiento hasta el punto de poder ponerse en duda la legitimidad de los resultados de las elecciones del 4 de diciembre pasado. La sentencia considera igualmente vulnerado el precepto contenido en el art. 28.1 de la carta magna, que consagra el DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD SINDICAL, que se habría visto limitado de modo arbitrario por la instrucción de la Viceconsejería, extractando en sus fundamentos de derecho la sentencia del Tribunal Constitucional 98/1985 de 29 de junio, que se expresa, rotunda, en los siguientes términos “en el derecho de libertad sindical está implícita la exigencia de igualdad entre las diferentes organizaciones sindicales y la prohibición de injerencia de los poderes públicos a efectos de no alterar con su intervención la libertad o igualdad de ejercicio a la libertad sindical”.

El juzgado ha dictado igualmente y de forma simultánea diligencia de apelación en un solo efecto, ordenando a la Consejería que “la lleve [la sentencia] a puro y debido efecto, practicando lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo”, todo ello con independencia de que presente recurso de apelación, que no tendría en ningún caso carácter suspensorio. Sin embargo y hasta el momento los nuevos responsables de la Consejería no han obedecido el mandato, limitándose a recurrir la sentencia, siguiendo los inveterados usos y costumbres del ancien régime, que no dudaba en esquilmar al erario público con apelaciones temerarias.  

APIA acudirá con toda probabilidad a la jurisdicción social para impugnar el resultado de las elecciones del 4 de diciembre. Mientras tanto, si los nuevos rectores de la Consejería albergan alguna intención de regenerar la institución, como así debiera ser, tendrían que meditar seriamente la procedencia de retirar la apelación presentada y exigir de inmediato a los sindicatos promotores, que fueron injustamente financiados, la DEVOLUCIÓN de los más de 200.000 euros que costó la broma.

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