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La Delegación Provincial de Sevilla continúa con la práctica de los aprobados de despacho

La Delegación, que incurre ella misma en defectos de forma, se excusa en presuntos defectos de forma del centro para titular en Bachillerato a dos alumnas que sacaron sendos 1 en septiembre, pese a reconocer que los conocimientos de las alumnas “son del todo insuficientes”. Desde APIA consideran que esta resolución desautoriza a profesores e inspectores educativos.   

Sevilla, 3 de febrero de 2016.-  La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha tenido conocimiento de dos nuevos “aprobados de despacho” en la Delegación Provincial de Sevilla, de la Consejería de Educación. En este caso, se trata de dos alumnas de un centro de Lebrija que sacaron sendos “1” en la evaluación extraordinaria de septiembre y que pese a que la propia Delegación admite que su conocimientos “son del todo insuficientes” se ampara en presuntos defectos de forma para elevar la nota de un “1” a un “5” para que puedan titular.

Desde APIA, además de denunciar esta práctica reiterada de regalar aprobados desautorizando a profesores y centros docentes, denuncian la paradoja en la que incurre la propia Delegación puesto que basan el aprobado en presuntos defectos de forma cuando la propia Delegación incurre también en defectos de forma al incumplir los plazos previstos en el artículo 20.12 de la Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación de Bachillerato en Andalucía.

Asimismo, el sindicato de Secundaria califica dicha medida de “absolutamente arbitraria” puesto que, si los defectos de forma son tan graves como para modificar la calificación no entienden los motivos por los que sólo le dan a esas alumnas un “5” y no otra calificación distinta, mayor o menor, cuando la propia resolución admite textualmente que los conocimientos demostrados “son del todo insuficientes”. Tampoco es comprensible que se sustituya la función evaluadora del profesorado concediendo el aprobado de forma automática, en lugar de exigir la corrección de esos presuntos defectos formales y proceder a una nueva evaluación.

Por último, APIA también señala que la excusa que ha puesto la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones para justificar los aprobados, cuya composición es bastante opaca –como han tenido ocasión de denunciar en reiteradas ocasiones desde el sindicato–, supone no sólo desautorizar al profesorado, algo por desgracia bastante más frecuente de lo deseable, sino que deja en muy mal lugar al Servicio de Inspección educativa que tiene entre sus principales funciones “examinar y comprobar la documentación académica, pedagógica y administrativa de los centros” y que, leyendo dicha Resolución, parece que se da a entender que la Inspección no ha cumplido en absoluto con su cometido.

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