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La Fiscalía Superior de Andalucía, a instancias de APIA, decreta la apertura de diligencias contra la consejería de educación

El sindicato de Secundaria presentó el escrito de denuncia el 18 de septiembre a cuenta de la problemática generada por los horarios de Secundaria, y tiene previsto ampliar la denuncia esta misma semana. La Consejería, por el contrario, sigue negando que haya incidencias.    

Sevilla, 28 de septiembre de 2015.-  La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decretado la apertura de las diligencias informativas 50/2015, admitiendo a trámite la denuncia presentada por el sindicato de Secundaria el pasado 18 de septiembre, en la que se solicitaba la apertura de diligencias penales contra la Consejería de Educación por el caos normativo provocado por su actuación con los horarios de Secundaria. En su escrito de denuncia, APIA acusa a la Consejería de Educación, con su titular a la cabeza, de haber obrado de forma consciente y deliberada para generar un contexto de inseguridad jurídica en el que cualquier solución sea posible, quebrando el principio de seguridad jurídica, por lo que solicita a la Fiscalía que identifique a los responsables y valore si sus acciones podrían ser constitutivas del delito de prevaricación de funcionarios públicos, del artículo 404 del Código Penal, que prevé penas de 9 a 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Manuel Fernández, presidente de APIA, ha asegurado que “estamos ultimando el escrito con el que vamos a ampliar la denuncia esta misma semana”. Dos son los motivos de ampliación de la denuncia, ha adelantado Fernández. El primero haría referencia a la omisión de la preceptiva exposición pública, “al menos en lo que a APIA se refiere”, matiza, de la Orden por la que se ha acabado finalmente modificando la Orden que regula la organización y funcionamiento de los institutos. El segundo de ellos tiene que ver con un escrito remitido por el Director General de Ordenación Educativa, precisamente el mismo día de la publicación de la Orden, lo que vendría a reforzar la idea de una actuación previamente meditada y no de un hecho puramente contingente, además de derivar toda la responsabilidad hacia los directores de los Centros, amparándose en la autonomía organizativa.

La admisión a trámite de la denuncia es, a juicio de Fernández “un primer paso que indica que nuestra denuncia tiene, como poco, indicios de buen derecho, porque de lo contrario la Fiscalía no la habría admitido”. Afirma que ahora todas las opciones están abiertas en la vía penal, “desde el archivo de las diligencias hasta la imputación de los responsables”. Sin embargo, Fernández recuerda que, además de la vía penal, “tenemos prevista una vía administrativa, para lo que hemos facilitado a todo el profesorado andaluz un protocolo de actuación que está disponible en nuestra web.”

Fernández concluye lamentando el alejamiento de la realidad en el que, a su juicio, se encuentra la consejera de Educación, quien la semana pasada negaba cualquier tipo de incidencias, pero que “ahora se encuentra con unas diligencias penales abiertas”. Denuncia, además,  que la propia Consejera ha contribuido a la confusión total, al declarar en sede parlamentaria y en su propia web que habría que reordenar el horario “tanto en su parte lectiva como no lectiva”. Para Fernández, “esta afirmación es rotundamente falsa, puesto que la parte lectiva no se ha modificado en absoluto, y sólo demuestra que la negativa a reunirse con los interlocutores que estamos a pie de aula llevan a esta consejera a contribuir, con cada una de sus declaraciones, a la ceremonia de la confusión que estamos viviendo, con las consecuencias que esto está teniendo.” El presidente de APIA hace alusión a sendas solicitudes de reunión con la Consejera el 24 de junio y el 14 de septiembre, que siguen pendientes de respuesta.

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Los periódicos EL MUNDO, ABC, EUROPA PRESS, 20 MINUTOS, EL ECONOMISTA, TE INTERESA, LA VANGUARDIALAINFORMACION.COM y GENTE se han hecho eco de esta nota de prensa.