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La juez titular del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Granada avala que los profesores de instituto ejerzan de conserjes durante sus horas de guardia

En una desconcertante sentencia, desprovista –sensu stricto-  de cualquier valoración jurídica, la Ilma. Sra. Magistrada Dña. María Isabel Moreno Verdejo, asume sin más la delirante tesis de la Delegación territorial de Granada, plena de contradicciones y construida en fraude de ley, que justificó en su día que los profesores de guardia del IES Luis Bueno Crespo, de una localidad granadina, actuando como Conserjes, controlaran la salida y entrada del alumnado del centro.
Por más que la documentación aportada al expediente administrativo revela con claridad las graves contradicciones en que habría incurrido la Delegación territorial para justificar semejante temeridad, la Sra. Magistrada, saliéndose por la tangente, ha optado por una interpretación extensiva de la norma, que sirve por igual para un roto que para un descosido. Como los profesores tienen que hacer “guardias” y “Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes”, viene a decir, pueden hacer prácticamente de todo, incluso usurpando funciones del personal de administración y servicios. Sería tanto como considerar que puesto que el titular de un juzgado es responsable de todo lo que ocurra en él, también debería encargarse directa y personalmente de controlar la entrada y salida de los justiciables a la sala de juicio, dado que, además, de acuerdo con la sorprendente tesis mantenida por la juzgadora (al igual que la Delegación de Granada), de la misma forma que los alumnos, aquellos no deben ser considerados personal ajeno al juzgado. Así de paso se ahorra un buen dinerito, prescindiendo de ordenanzas y conserjes.
Lo que no valora en absoluto la sentencia o, cuando lo hace, tergiversa de manera clamorosa es básicamente lo que sigue:
1 El VI Convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía, como la regulación legal del resto de comunidades autónomas, atribuye a la figura del Conserje el cumplimiento de las “medidas de vigilancia con respecto a las personas que entran y salen de la dependencia”, y a la del Ordenanza a su mando la "vigilancia de puertas y accesos a la dependencia donde esté destinado, controlando las entradas y salidas de las personas ajenas al servicio”, así como la "atención al alumnado en los centros docentes, cuando estuviese destinado en ellos".
2 En concordancia con lo expuesto, nada menos que el Sr. Jefe del Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Delegación Territorial de Educación de Granada, dirigió oficio al Sr Director del IES Luis Bueno Crespo, con fecha 18 de junio de 2015, dando conocimiento de la propuesta de Requerimiento del Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral formulada a esa Delegación, en relación a la visita de la Inspección de Trabajo girada el 20 de febrero de 2015 al instituto, en la que literalmente se decía: “…, pudiendo controlar el acceso o las salidas al centro mediante la figura de los Ordenanzas en los cambios de clase”, refiriéndose, como es obvio, al alumnado. Nada de esto ha merecido la menor atención por parte de la juzgadora de instancia, que se ha limitado a reproducirlo para pasar seguidamente a ignorarlo por completo.  
3 Resulta, cuando menos, pintoresco el significado que la Sra. Magistrada otorga al sintagma “personal ajeno al centro” para justificar la elusión por parte de los ordenanzas de la obligación legal que les asiste de controlar las entradas y salidas de los alumnos del instituto (siguiendo al dedillo la tesis de la Delegación territorial de Granada), cuando la interpretación  en el resto de la Administración de la Junta de Andalucía y en todo el mundo mundial es justamente la contraria: personal ajeno es todo aquel que no desempeña actividad laboral alguna dentro de las dependencias de la institución. El conjunto del alumnado no puede por menos que incluirse dentro de esta categoría, por cuanto no mantiene vínculo laboral alguno con la Consejería de Educación, limitándose a ejercer de Administrado a todos los efectos. De seguir a pie juntillas la sui generis interpretación de la juzgadora, todos los justiciables embarcados en procedimiento judiciales no deberían ser considerados personal ajeno a la institución judicial, por lo que Ordenanzas,  Conserjes y personal de vigilancia de los juzgados habrían de desistir de controlar de forma efectiva su acceso a los juzgados. Mutatis mutandis, deberían ser los propios jueces los que se encargaran de tan delicada y necesaria tarea.  
4 Por más que la Sra. Magistrada se empeñe, dentro de las funciones tasadas atribuidas al profesorado de guardia no se encuentra la de controlar el acceso a los centros docentes de personal alguno, sea este propio o ajeno. La interpretación del artículo 18.1.a) [que no 18.a) como erróneamente se recoge en la sentencia] de la Orden de 20 de agosto de 2010 es completamente abusiva, vulnera de manera clara el artículo 14º de La LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en su texto consolidado a fecha 31 de octubre de 2015, que consagra el derecho individual de los funcionarios al “… desempeño efectivo de las funciones y tareas propias de su condición profesional…”, así como al “… respeto de su dignidad en el trabajo…” y abre la posibilidad de imponer cualquier tarea al profesorado del centro en funciones de guardia (puesto que debe velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes). Prescindamos pues a partir de ahora de electricistas, fontaneros, jardineros, albañiles, etc., y por supuesto de conserjes y ordenanzas, dado que al encargarse todos ellos de actividades no docentes, estarían sobrando en un instituto..., tanto como en el juzgado de la Sra. Magistrada.
5 Tampoco se aclaran en la sentencia de instancia las misteriosas claves que han llevado a la juzgadora a decir a la vez una cosa y la contraria, incurriendo en flagrante contradicción y abocando al absurdo de que el alumnado del IES Luis Bueno Crespo, de acuerdo con lo manifestado en los fundamentos de derecho de la sentencia, sea el único en todo el territorio del Estado habilitado para entrar y salir libremente por la puerta de acceso al centro, con independencia de su edad. En efecto, si los Ordenanzas, a decir de la Sra. Magistrada, están exentos de controlar las salidas y entradas de los alumnos (dado que no serían personal ajeno al centro) y al profesorado de guardia tampoco le corresponde dicha tarea (“…no se indica que corresponda al profesorado la apertura y cierre de la puerta, ni la de controlar la entrada y salida del alumnado,…”), la lógica más elemental conduce inevitablemente a la conclusión de que todos los alumnos del IES Luis Bueno Crespo son libres de entrar y salir del instituto sin control alguno, al contrario del resto de alumnos españoles. El hallazgo jurídico es digno de figurar en la antología del disparate universal.  
6 Igualmente quedan sin exponer en la referida sentencia las ignotas razones por las que el profesorado de guardia del IES Luis Bueno Crespo, si no ha de controlar la entrada y salida de los alumnos (como se afirma en la sentencia), debe ubicarse en la puerta de acceso al centro, cuando únicamente el personal que entra y sale (alumnado incluido) es el que transita por esta zona. La respuesta es obvia, aunque contradiga claramente la interpretación realizada por la Sra. magistrada en la sentencia: los profesores de guardia ubicados en la puerta de acceso al instituto tienen la orden expresa de controlar la entrada y salida de los alumnos y así lo vienen haciendo desde principios del curso 2015/2016, por más que la juzgadora no se haya dado por enterada. Esto último es lo que motivó el recurso, primero en vía administrativa y, después, judicial.
7 Quitarse el muerto, como diría el clásico, de esta manera constituye una temeridad que deja en evidencia a la juzgadora y supone una desautorización en toda regla del Jefe de Servicio de Personal de la Delegación territorial de Granada, del Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral de la misma delegación y de la propia Inspección de Trabajo, que ordenaron en su día el control de la entrada y salida de alumnos por parte de los ordenanzas del instituto. De igual forma, la Sra. Magistrada elude hacer valoración jurídica alguna acerca del contenido de la consulta elevada el 4 de marzo de 2015 por el Servicio de Inspección de la Delegación territorial de Granada a la Inspección General, dependiente de la Viceconsejería de Educación de la Junta de Andalucía, en la que se afirma categóricamente que “De las funciones del profesor de guardia recogidas en el art. 18 de la ord. 20/8/10, en ninguna de ellas se recoge que entre sus funciones esté la de controlar la entrada y salida del alumnado, bien sea en tiempo de recreo, bien sea en el resto del horario. Sí recoge en el art. 18.2, velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, se entiende que la entrada y salida de alumnos, bien sean mayores de edad o menores de edad acompañados por sus padres, no es una actividad del recreo.”. Tampoco ha llamado su atención el elocuente silencio de la Viceconsejería, que no ha contestado a la consulta planteada hasta en dos ocasiones.

Visto lo visto, a nadie puede sorprender a estas alturas el importante grado de deterioro que sufre la enseñanza secundaria, muy particularmente en Andalucía, como ponen de manifiesto sistemáticamente todas las evaluaciones internacionales. A las continuas interferencias de naturaleza ideológico-política en su desempeño profesional, se une el trato degradante a que son sometidos, de un tiempo a esta parte, el conjunto de los profesores de la enseñanza secundaria pública, obligándoles, como ahora, a desempeñar funciones que no son de su competencia. Todo esto viene ocurriendo, como hemos tenido la desgracia de comprobar en este caso concreto, con la complicidad de algunos jueces y magistrados, que, en lugar de hacer justicia, parecen optar por alinearse con quienes en un futuro pudieran llegar a condicionar su carrera profesional. Aun así,  no todo parece estar perdido, la sentencia recuerda mucho a aquella otra, dictada por Dña. Marta Romero Lafuente, magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Málaga, que consideró en 2012 ajustado a derecho que los profesores en funciones de guardia ejercieran de monitores de transporte escolar, así…, por la cara. Para tranquilidad de los justiciables (y de la independencia de los poderes de nuestro Estado de Derecho) hay que decir que dicha sentencia fue revocada en su integridad en 2015 por la sección primera de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJA con sede en Málaga, que la consideró completamente contraria a derecho.
 
Finalmente y para colmo de males, los profesores tenemos que soportar que los mismos que pisotean nuestra profesión de esta forma finjan a ratos, como plañideras, estar preocupadísimos por la escasa consideración social de los docentes,… como si no fuera con ellos.  Lágrimas de cocodrilo.

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