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La Junta de Andalucía considera las agresiones a los profesores un "accidente inherente a su profesión"

Nota de prensa

Desde la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía APIA exigimos la inmediata dimisión de Doña Gracia Gómez García, Letrada de la Junta de Andalucía y Jefa de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación, y la comparecencia inmediata de la Consejera de Educación Doña Sonia Gaya Sánchez para que dé cuenta públicamente de las actuaciones recientes de dicha Asesoría Jurídica en materia de asesoramiento y defensa del profesorado andaluz de la enseñanza pública que haya sido víctima de agresiones en el desempeño de su trabajo.

Los hechos se remontan a la brutal agresión sufrida por un profesor de enseñanza secundaria el 3 de febrero de 2016 en un instituto de Jaén; según consta en la sentencia del Juzgado de Menores de Jaén, un alumno se dirigió al citado profesor y le amenazó diciéndole entre otras expresiones “...Te voy a cortar la cabeza,... ten cuidado sé dónde vives, conozco tu coche y ten cuidado con la familia”; posteriormente –sigue la sentencia– en la Jefatura de Estudios el menor propinó un puñetazo en la cara a dicho profesor y le golpeó con una grapadora en la cabeza, causándole eritema facial por contusión y ansiedad, lesiones que curaron con la primera asistencia facultativa en 22 días, dos de los cuales estuvo impedido para sus ocupaciones habituales.

Tras la correspondiente denuncia y diversas actuaciones, el 20 de septiembre de 2016 el Juzgado de Menores de Jaén condenaba al agresor, un menor con una dilatada trayectoria de conflictos con profesores y otros alumnos, a un año de libertad vigilada con tratamiento psicológico y, en materia de responsabilidad civil hacia el profesor agredido, a hacer efectiva la cantidad de 1.580,48 € a pagar por el menor y sus representantes legales.

Tiempo después, habida cuenta de que los representantes legales del agresor no abonaron el concepto por responsabilidad civil, declarándose insolventes, los servicios jurídicos de APIA trasladaron el abono de ésta a la propia Junta de Andalucía, responsable en última instancia del marco laboral donde tuvieron lugar las agresiones. De tal manera, el pasado 5 de octubre de 2018 tuvo lugar una vista judicial en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla a la que comparecieron los representantes legales del profesor y de la Junta de Andalucía. Y son la actuación y los argumentos de ésta para evadirse del abono de la responsabilidad civil a la víctima lo que fundamenta nuestra exigencia del inmediato cese de Gracia Gómez García, responsable de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación, y la comparecencia de su Consejera Sonia Gaya Sánchez.

Porque el Informe presentado en el juicio por dicha Asesoría Jurídica, fechado el 6 de septiembre de 2018 y firmado por Doña Gracia Gómez, incluye, para desestimar la reclamación del agredido consideraciones del siguiente calibre:

En primer lugar, la consideración como accidente (página 4, párrafo 4o) del puñetazo en la cara y del golpe en la cabeza con la grapadora, es decir, considerándolo de la misma magnitud por ejemplo que un tropezón en la escalera.

En segundo lugar (página 4, párrafo final) dicho accidente se considera producido “durante el desarrollo de las funciones habituales del reclamante”, como si formase parte de nuestra cotidianeidad docente el que se nos amenace personalmente y a nuestra familia y se nos golpee con saña, un “riesgo inherente a nuestra profesión” (!!!), según la letrada, como podrían ser las varices –concluimos nosotros– para quien en su labor debe permanecer mucho tiempo de pie.

El último párrafo (página 5), que pretende ser definitivo en sus conclusiones recomendando la desestimación de la reclamación, lo es también como prueba de la inmensa falta de sensibilidad de la Consejería de Educación hacia sus docentes: “Al no encontrarse factores de anormalidad en la prestación del servicio en este caso, el resultado dañoso se produjo a consecuencia de las propias especificidades y riesgos inherentes a la profesión del reclamante..... con obligación de asumir determinadas consecuencias de su actuación profesional, en cuanto las mismas deriven del curso ordinario de la actuación administrativa efectuada de forma normal.” Hay que remontarse a la defensa de Adolf Eichmann durante su juicio en Jerusalén en 1961 para apreciar una frialdad burocrática y deshumanizada semejante; la conclusión de la letrada de la Junta de Andalucía es todo un aviso de que la posibilidad de que se nos insulte, se nos veje, se nos acose, se nos escupa, se nos golpee o se nos empuje escaleras abajo son riesgos inherentes a nuestra profesión que tenemos la obligación de asumir. ¿Esto es lo que Doña Gracia Gómez diría a una joven profesora embarazada? ¿Esto es lo que la Consejera Sonia Gaya tenía asumido hace unos días, el 27 de noviembre, cuando se celebró el Día Internacional del Profesor?

Desde APIA, por consiguiente, exigimos la dimisión de la responsable de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación, las explicaciones y actuaciones pertinentes por parte de la Consejera, y la implementación de la demorada y cada vez más necesaria Ley de Autoridad del Docente en Andalucía.

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El IDEAL de Jaén se ha hecho eco de esta nota de prensa.