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La Junta de Andalucía se niega a asumir responsabilidades en el escándalo del profesor agredido en Jaén

Nota de prensa

Tras el clamor mediático levantado por el escándalo que la actitud de la Consejería de Educación y sus Servicios Jurídicos han provocado por su indiferencia cómplice ante las agresiones que los profesores padecen en los propios centros de enseñanza públicos andaluces, en APIA aún no hemos recibido comunicación alguna sobre las medidas que exigimos frente a la responsable de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación. Tampoco sobre si existe en la voluntad de la Consejera el propósito de dar las correspondientes explicaciones sobre asunto tan grave. El único gesto público que hemos podido apreciar es la publicación de una breve nota donde, de manera harto superficial, se “condena cualquier tipo de agresión o acto contra la convivencia en los centros educativos dirigido hacia cualquier miembro de la comunidad educativa” para, a continuación, lavarse las manos ante el profesor agredido señalando que los Tribunales ya han dicho cuanto podían decir sobre el caso. 

Sobre el primer aspecto, desde APIA sólo nos cabe expresar rechazo por el abismo existente entre lo que se dice y lo que se hace: no puede “condenar” las agresiones y otros actos contra la convivencia quien en los últimos cinco años se ha ocupado de cortocircuitar cualquier intento de formalizar bajo una norma propia la condición de autoridad del profesorado que viene recogida en la LOMCE; no puede “condenar” las agresiones y otros actos contra la convivencia quien intenta por todos los medios encubrirlas o minusvalorarlas, sin que tengamos conocimiento de las estadísticas oficiales al respecto; no puede “condenar” las agresiones y otros actos contra la convivencia quien alienta o consiente que determinados directores e inspectores presionen a los docentes agredidos para que permanezcan en silencio.

Esto, en lo que se refiere a los docentes; habría que ver qué opinan el resto de “miembros de la comunidad educativa” sobre tan etérea condena; por ejemplo, los alumnos y los padres de los alumnos que padecen acoso en los centros públicos andaluces.

Y sobre el segundo aspecto, lo dirimido en los Tribunales, desde APIA sólo podemos decir que apelaremos a cualquier instancia legal que sea precisa hasta que el profesor denunciante reciba la compensación económica que merece.

A la espera seguimos, pues, del anuncio de la dimisión de la Jefa de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación y de las explicaciones públicas de la Consejera.

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