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La Junta vuelve a discriminar a los profesores de Secundaria con el "apaño" hecho para eludir los efectos de la sentencia sobre la jornada de 35 horas

La última maniobra de la Administración andaluza cuenta con el beneplácito de “sus sindicatos de cabecera” y sortea con esta acción la resolución judicial dictada por el Tribunal Constitucional sobre el horario del funcionariado.

Sevilla, 8 de Enero de 2018.- Sostenella y no enmedalla parece ser la consigna de la Junta cuando de discriminar a los profesores de Secundaria se trata. Esta vez, en relación a nuestra jornada de trabajo y horarios, respecto de los del resto de funcionarios de su ámbito de gestión. En efecto, la anhelada reducción de la jornada semanal a 35 horas, declarada nula recientemente por el Tribunal Constitucional, no ha impedido que ésta se lleve finalmente a efecto (al menos por el momento) para casi todos los funcionarios de la Junta, gracias al ardid, ciertamente burdo, de declarar 2.5 horas, de las actuales 37.5 de la jornada semanal, de no obligada permanencia (es decir, de ejecución puramente virtual).

Sin embargo, en el caso de los profesores de Secundaria (y sólo para ellos) no se ha actuado del mismo modo, es decir, no se ha convertido ninguna parte de su horario de obligada permanencia (tanto regular como irregular) en virtual o no obligatorio. En su lugar, como viene ocurriendo desde el año 2000 (cada vez que se ha modificado la jornada semanal de los funcionarios) se ha procedido a “redistribuirlo”, convirtiendo 2 horas de guardia (nada virtuales) en lectivas, sin que ello suponga, como se deduce con facilidad, reducción alguna de su horario de obligada permanencia en el instituto.

Y no se trata de un error involuntario, no. La Junta y sus sindicatos no han tenido el menor recato en manifestarlo a las claras ya en el preámbulo del acuerdo firmado entre ambos, distinguiendo perfectamente entre dos grupos de funcionarios, uno mayoritario al que se le reduce la jornada semanal de permanencia obligatoria, y otro, integrado por los profesores de enseñanza Secundaria, a los que, en lugar de reducírsele, sólo se le “redistribuye”, no habiéndose aportado razón alguna para avalar un trato tan patentemente discriminatorio:

 "En definitiva, ambas medidas, tanto la jornada ordinaria de trabajo de treinta y cinco horas, como la reducción del horario lectivo semanal del personal docente a que se ha hecho referencia, ..."
"... por la implantación de la jornada ordinaria de trabajo de treinta y cinco horas semanales y la reducción del horario lectivo semanal del personal docente, ..."

APIA ha acudido al Defensor del Pueblo Andaluz, tras la entrada en vigor del Decreto-ley 5/2016 y la negativa de la Consejería a aplicar, a sus profesores de Secundaria, la jornada de 35 horas semanales del mismo modo que al resto de funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía. Y lo ha hecho para exigir un trato semejante, sin atisbo de discriminación alguna, solicitando la desvinculación de la reducción del horario lectivo de los profesores de secundaria respecto de la aplicación de las 35 horas semanales, dos sucesos independientes que la Consejería ha vinculado de manera interesada. En el escrito de queja, APIA solicitó, con independencia de la recuperación de las 18 horas lectivas, la aplicación de la reducción de jornada semanal a las 35 horas sobre todos los componentes del horario, como no podía ser de otro modo. Así, el horario de permanencia debería haber quedado fijado en 28 horas semanales, de las cuales 23.5 corresponderían al horario regular y 4.5 al horario irregular; quedando el horario de libre disposición en 7 horas.

Tras la sentencia anulatoria del Tribunal Constitucional hubiera bastado (de seguirse el mismo procedimiento que se ha aplicado al resto de funcionarios de la Juntatras la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno) con trasladar 2 horas del horario lectivo de permanencia regular semanal al horario de libre disposición, dejando la permanencia regular semanal en un máximo de 23 horas. Algo, por otra parte, mucho menos forzado en el caso de los profesores de secundaria que en el resto de funcionarios, que carecían de horario de libre disposición hasta la entrada en vigor del citado acuerdo, al contrario de lo que ocurre con los primeros.

Desde luego, contrasta muy mucho la filantrópica base argumental escogida por la Junta para avalar el acuerdo con sus sindicatos de cabecera (a tenor de la cual parece desvivirse por que sus funcionarios “sigan progresando en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral” mejorando en “sus condiciones de trabajo”), con el trato dispensado al profesorado de Secundaria (objetivo privilegiado de su indisimulada animadversión) que no parece tener derecho, por lo visto, a la conciliación, ni al perfeccionamiento profesional, ni a la mejora de sus condiciones de trabajo, al contrario que el resto de funcionarios.

Ya puestos, y con objeto de allanarle a la Consejería ese camino de generoso altruismo que parece haber emprendido últimamente, le emplazamos a que revise la regulación legal de los horarios del profesorado de Secundaria a fin de acabar de una vez con las frecuentes situaciones de discriminación que provoca, y ordene un régimen de compensación por las horas (de “hueco”) que muchos profesores tienen que pasar en sus institutos sin que computen oficialmente en su horario laboral, porque así lo quiere la Consejería. No ocurre en ningún otro ámbito de la Administración, salvo en el nuestro. Será por algo, es de suponer.

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LA VANGUARDIA y EL MUNDO se han hecho eco de esta nota de prensa.