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La Justicia obliga a la Consejería a facilitar a APIA el Plan Provincial de Actuación de Inspección de Sevilla

El Juzgado de lo Contencioso número 8 de la capital hispalense insta a la Junta a facilitar el documento en cuestión del curso 2012/2013 y la condena además a las costas de un procedimiento que ha durado más de tres años.

Sevilla, 6 de Marzo de 2017.- El Juzgado de lo Contencioso número 8 de Sevilla obliga a la Consejería de Educación a proporcionar a la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) el Plan Provincial de Actuación de la Inspección sevillana del año 2012/13, un documento que pese a tratarse de algo público, el entonces Jefe de Inspección, el celebérrimo Alberto Moreno Navarro, y su adjunto, José Luis Diego Martín, negaron a un delegado de APIA en la Junta de Personal Docente de la provincia. La sentencia llega tras un largo y tortuoso procedimiento de más de tres años de duración. Debemos recordar que la respuesta negativa a facilitar ese documento por parte de la Inspección, que debería figurar por méritos propios en la antología del disparate administrativo, cuando no penal, alegaba que el citado Plan Provincial de la Inspección era archiconocido por todo el mundo y que se podía consultar en BOJA, para simultáneamente afirmar, sin alterarse lo más mínimo, que se trataba de un documento de “uso restringido” de la inspección y declarar la improcedencia de “enviar copia a las personas que lo soliciten”. 

En los fundamentos de derecho de la sentencia, la Sra. Magistrada destaca las innumerables contradicciones en que habrían incurrido los firmantes de la resolución de la Delegaciónterritorial de Sevilla, entre ellas, negar el documento a la vez que decían podía ser consultado en BOJA, “sin facilitar dato alguno sobre la fecha de publicación”. De igual forma, la sentencia declara vulnerado el artículo 40.1 del Estatuto Básico del Empleado Público y considera que la actuación de la administración demandada constituye un atentado contra el legítimo derecho de los delegados sindicales al ejercicio de la libertad sindical, consagrado en el artículo 28.1 de la Constitución Española, así como en la Ley Orgánica de Libertad Sindical:

“…el acto que se somete a revisión jurisdiccional y que es el objeto de autos, consistente en la negativa de la Administración a facilitar la información requerida por Delegado Sindical, afectante a la política de personal, cuyos afiliados son profesores de instituto, entregando copia del Plan Provincial de Actuación de la Inspección Educativa, carece de justificación alguna, de fundamentación legal, atenta contra el ejercicio de los derechos y deberes de los delegados sindicales, conforme al artículo 28 CE y artículo 40 EBEP y debe, por todo ello, ser anulado por no ser conforme al ordenamiento jurídico.”

La conducta antisindical de la Delegación territorial de Sevilla, emulada por otras delegaciones territoriales en las que igualmente se solicitó, sin éxito alguno, el plan de la inspección correspondiente (entre ellas la de Granada y además en reiteradas ocasiones), ejercida a través de los máximos responsables del servicio de inspección, ha contado en todo momento con el amparo de la Consejería de Educación y sus servicios jurídicos, que han aportado al expediente diferentes versiones de un documento único (el plan provincial de actuación de la inspección de Sevilla correspondiente al curso 2012/2013), en un intento vano de enfangar el procedimiento y obnubilar el juicio de la magistrada.

Así, el propio fallo de la sentencia abre la puerta a que, llegado el caso, la jurisdicción penal determine la autenticidad o falsedad de las diferentes versiones del plan de la inspección aportadas al procedimiento por la Consejería, con la pretensión de hacerlas pasar por el documento solicitado.

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20 MINUTOS y LA RAZÓN se han hecho eco de esta nota de prensa.