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La (renovada) Consejería de Educación vuelve a las andadas

Nota de prensa

Si alguien albergaba una cierta esperanza de regeneración, bien que fuese tímidamente, en la nueva Consejería de Educación de ésta nuestra Junta de Andalucía, recientemente estrenada, hemos de salir al paso, por desgracia, de tan saludables expectativas para sacar cuanto antes de su candoroso error a ingenuos y demás almas crédulas. 

En efecto, si en algún momento, tras las elecciones del 2 de diciembre pasado, se alumbró la posibilidad de cambiar de un modo efectivo los fundamentos, modos y maneras que han estado rigiendo la educación en Andalucía durante decenios (no es necesario decir con qué desastrosas consecuencias), no hay nada más clarificador que una dosis de cruda realidad para frustrar toda expectativa razonable en ese sentido.

La anunciada desaparición –progresiva e indolora, todo hay que decirlo– de la Agencia de Evaluación y la tramitación del anteproyecto de Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado, presentadas como medidas estrella de la nueva Consejería, palidecen ante el continuismo mostrado en aspectos tan trascendentales para la enseñanza pública, como los Reglamentos Orgánicos y las Órdenes que los desarrollan (que regulan aspectos esenciales del funcionamiento de colegios e institutos, conservatorios, escuelas de idiomas, etc.), o la propia Inspección educativa, ajena desde hace lustros a las funciones que legalmente tiene atribuidas; verdaderos artífices del fracaso educativo que asuela estas tierras, con especial desenfreno desde hace una década. Continuismo que también se expresa de modo sobresaliente en la relación institucional con el mundo sindical.

 APIA acaba de anunciar ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, la interposición de un RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ESPECIAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, contra la aberrante resolución del Director General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, que desafía de manera ostentosa la consolidada jurisprudencia de los altos tribunales autonómicos y estatales, y quiebra el sentido de las actuaciones de la Administración educativa autonómica, desde el año 2013, en lo que respecta al cálculo de los créditos horarios para actividad sindical de APIA, y desde que existen elecciones sindicales en la enseñanza de los niveles no universitarios en el actual régimen constitucional, nada menos, en lo referido a la acumulación y reparto de dichos créditos.

En esta ocasión hay que reconocer que los nuevos gestores de la cosa educativa se han superado en vesania. Y lo han hecho en un asunto trascendental, cual es, su relación con el domesticado mundo sindical, trasmutado hace ya tiempo, a fuerza de generosas subvenciones y todo un rosario de prebendas sin fin, en un mero apéndice del poder político. Si la anterior administración educativa fue condenada por los tribunales (y no de forma circunstancial, precisamente) por vulnerar la libertad sindical de una organización a la que siempre consideró desafecta, como APIA, hay que reconocer que la nueva Consejería de Educación ha conseguido superar el listón.

Y lo ha hecho, en un obsceno arrebato de irresponsabilidad, afrentando de forma grosera el contexto legal generado por las reiteradas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 12 de marzo de 2009, 2 de febrero de 2012 y 1 de abril de 2013; así como por sendas sentencias del Tribunal Supremo, de 3 de febrero de 2011 y 11 de marzo de 2013, recaídas en los fracasados recursos de casación interpuestos por la Junta de Andalucía. En todos los casos se condenó a la anterior Administración educativa por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical de APIA (art. 28 CE), al haber sido tratada, en lo concerniente a los créditos horarios para el desempeño de su actividad sindical, de un modo claramente discriminatorio, contrario –en lo que a esto respecta– al art. 14º de la Constitución Española, y todo ello por no avenirse al modelo de liberación completo o total, que con tanto éxito ha venido promoviendo la Consejería entre su staff sindical, y tan extraordinarios réditos controladores le ha procurado.

El recién estrenado Director General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, de conocida, que no reconocida, trayectoria, en la anterior Administración educativa, ¡oh casualidad!, ha optado por desenterrar el hacha de guerra, que desde 2013, y a fuer de mandatos judiciales, hubo de ser retirada del escenario so pena de acabar dañando a quienes entonces la empuñaban. Lo ha hecho con determinación y claro espíritu de superación, queriendo dejar atrás a sus diestros (o tal vez siniestros) predecesores, negando a APIA el mismo trato que a los sindicatos firmantes del reciente (que no diferente a los anteriores) acuerdo sobre liberaciones sindicales, en lo relativo a los créditos horarios vinculados con su actividad sindical; y cambiando el criterio (solo para las organizaciones sindicales no firmantes del acuerdo, como APIA) que desde los albores de la democracia había venido aplicando la Administración a la acumulación y posterior reparto de horas sindicales entre el conjunto de todas las candidaturas presentadas a las correspondientes elecciones; previstos, ambos, de modo idéntico en las diferentes reglamentaciones que se han venido sucediendo en la materia (Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y sus posteriores modificaciones; Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público).

No cejaremos hasta que, una vez más, se haga justicia y vuelva a prevalecer el Estado de Derecho, haciendo uso de todos los recursos, de cualquier índole jurisdiccional, que al derecho de APIA y de sus representados convenga. Sauron será finamente derrotado y el grave daño infligido a la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía y a sus representados, restañado con creces, aunque ello suponga tener que acudir a toda aquella instancia que pueda garantizarnos el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. La nueva Consejería de Educación ha optado, al parecer, por seguir judicializando la vida pública, pensando en alargar indefinidamente la resolución de los conflictos que ella misma genera, consciente del daño irreparable que producirá y del cuantioso gasto que para las arcas públicas acabará suponiendo, sabedora de que a la postre será el sufrido contribuyente, con sus impuestos, el condenado a hacerles frente.  

Queremos, finalmente, aprovechar la ocasión para advertir al Sr. Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía de que ponga orden en sus filas y no se deje llevar por caminos intrincados de tan incierto recorrido; sopese la DESTITUCIÓN de su Director General de Personal, y reestructure sus servicios jurídicos, a la cabeza de los cuales se encuentra un conspicuo representante de tiempos pasados, que convendría sustituir sin más demora. Por eso nos permitimos aconsejarle que dé marcha atrás en esta temeraria deriva y corrija el desmán perpetrado por su director general de personal, mostrando el obligado respeto por la reiterada doctrina jurisprudencial que le obliga a dispensar a APIA el mismo trato que a los sindicatos firmantes del acuerdo sobre liberaciones sindicales.

De paso, le instamos a que RETIRE LOS RECURSOS DE CASACIÓN interpuestos por la Consejería que dirige contra las recientes sentencias que han anulado, en todo o en parte, las Órdenes de 14 de julio de 2016, reguladoras de los currículos y de la evaluación en la ESO y en el Bachillerato, respectivamente; la primera de ellas “expulsada [al completo] del ordenamiento jurídico”.

Y para terminar (de momento, dada la pesada mochila que el Sr. Imbroda ha decidido arrastrar), le exigimos que se avenga de una vez a OBEDECER EL MANDATO JUDICIAL del juzgado nº 3 de lo contencioso-administrativo de los de Sevilla, contenido en la Sentencia 53/2019, de 18 de febrero, que declaró (una vez más) vulnerado el derecho fundamental a la actividad sindical de APIA por haber PREBENDADO, la Administración educativa que representa, de modo arbitrario e injusto a los sindicatos de la mesa sectorial de educación en las últimas (y a lo que se ve, prostituidas) Elecciones Sindicales del pasado 4 de diciembre; ordenando sin más demora su inmediata ejecución. No tendríamos que recordarle, justamente ahora, transcurridos cinco meses desde febrero sin que haya dado cumplimiento a la citada sentencia, que la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Sevilla, acaba de RECHAZAR su RECURSO DE APELACIÓN (sentencia RA 809/2019, 17 de julio), confirmando la de instancia, convirtiendo su ABIERTA DESOBEDIENCIA, para vergüenza de propios y extraños, en un ACTO ESCANDALOSO, IMPROPIO DE UN REPRESENTANTE PÚBLICO digno de ejercer el cargo que en la actualidad ostenta.

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EL MUNDO se ha hecho eco de esta nota de prensa.