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Otra educación sigue siendo posible (y necesaria)

El principal problema de este país es la educación: el desprecio por los valores del trabajo y el conocimiento y la falta de respeto por quienes tratan de inculcarlos” (Javier Cercas).

Y también son posibles y necesarias respuestas como las de los profesores y padres de alumnos que se niegan a formar parte del simulacro de pruebas de diagnóstico en 4º de primaria y 2º de ESO de la Consejería de Educación andaluza.

Es un ejemplo palmario de desobediencia civil frente a un fraude manifiesto. Las bien costosas pruebas de diagnóstico no son más que un intento frustrado de maquillar el escandaloso resultado de las pruebas PISA de la OCDE, pero sin las garantías de transparencia y rigor de éstas. Como argumentaba mi departamento de Biología y Geología en 2008 en la crítica que dirigimos a la Consejería (que por supuesto no obtuvo respuesta de ninguna clase), “una prueba de evaluación que no parte del curriculum real de 2º de E.S.O. cursado, que no ha sido consultada con los profesores de aula, que elige preguntas mal expresadas y que las evalúa con serias equivocaciones, carece del rigor exigible para poder adoptar valoraciones y conclusiones certeras”. Y es que el propósito inconfesado de estas pruebas no es en absoluto el diagnóstico de las capacidades del alumnado, sino la exhibición impúdica de los “progresos alcanzados”, en la línea autocomplaciente de la “Andalucía imparable”. En definitiva, una costosa operación de propaganda más que un genuino intento de visualizar y evaluar las carencias del sistema educativo.

Un ejemplo de los tremendos errores conceptuales de las pruebas lo tenemos en las recientes preguntas de la prueba de Matemáticas para 4º de Primaria, en la que los creativos de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa confundían los hexágonos con los octógonos. Otro disparate, en sintonía con los que ya detectamos nosotros en las pruebas de “conocimiento e interacción con el medio físico y natural”.

Wikipedia nos precisa que la desobediencia civil puede definirse como "cualquier acto o proceso de oposición pública a una ley o una política adoptada por un gobierno establecido, cuando el autor tiene conciencia de que sus actos son ilegales o de discutible legalidad, y es llevada a cabo y mantenida para conseguir unos fines sociales concretos. Para que un acto se clasifique como de desobediencia civil, se necesita que la acción se haga públicamente, que sea ilegal o que así lo clasifique el poder, y que al mismo tiempo quien cometa el supuesto delito esté consciente de sus acciones y motivos”.

No acatar el cumplimiento de estas fraudulentas pruebas y filtrarlas en la red es un compromiso moral, porque en este caso los actos “ilegales o de discutible legalidad” estarían más bien en el campo de los perpetradores de este simulacro de pruebas. La escuela low cost que están implantando los gobiernos del PP y del PSOE (masificación, precarización, reducción de servicios), amenaza con llevarse por delante una de las conquistas sociales más importantes de nuestro incipiente y maltrecho Estado del bienestar: la educación pública.

30% de fracaso escolar y 50% de paro juvenil es una combinación como para que salten todas las alarmas, cosa que no está ocurriendo en absoluto. Verdad, bondad y belleza no son valores que coticen al alza en las aulas. La ley del mínimo esfuerzo y el divertirse hasta morir son valores supremos en muchos jóvenes, adolescentes y preadolescentes. La casta pedagógica que ha impregnado de pensamiento tóxico la actividad docente sigue detentando la máxima influencia dentro de las Consejerías de Educación, obsesionada con la ingeniería social y confundiendo instrucción, enseñanza y educación. A pesar de los índices de abandono escolar más altos de Europa, hemos tenido que soportar siete leyes orgánicas de educación en los últimos treinta años. Oleadas de leyes, normativas, planes y programas se han revelado incapaces de mejorar la calidad educativa y poner freno al descrédito de la escuela.

La inversión en educación de titularidad pública en Andalucía es de 5.352 €, mientras que en el País Vasco es de 10.388 €, pero es más fácil achacar nuestros pésimos resultados escolares a la “herencia del pasado” y al “atraso secular”. Ninguna mención a la “sociedad clientelar y abrumadoramente despojada de iniciativa cívica y dinamismo económico” (Muñoz Molina dixit).

La desorientación ética de nuestros adolescentes e incluso la anomia moral alcanzan registros alarmantes, como muy bien reflejaba la película ”Blog”, que vimos en La 2. La Educación para la Ciudadanía podría haber desempeñado este papel de orientación y formación en valores si la colusión entre doctrinarios católicos y propagandistas socialdemócratas no se hubiera encargado de liquidarla. El remedo que anunciaba la LOMCE de Wert de “Educación Cívica y Constitucional” ha sido rápidamente sustituido por unos desinflados “Valores culturales y sociales en Primaria y Valores Éticos en ESO”.

Para rematar el desastre, asistimos en Andalucía a un recrudecimiento de las visitas de la inspección educativa reclamando ya de manera obscena a los profesores que eleven su “ratio” de aprobados, so pena de tener que demostrar con papeles la justificación de sus calificaciones: un abuso y una intromisión intolerables. Al convertir indicadores como las calificaciones de los alumnos en objetivos a superar y al haber fracasado la política de incentivar económicamente los aprobados, la arbitrariedad y la burocratización han venido para quedarse. De nuevo citando a Muñoz Molina, en nombre de un demagógico igualitarismo, han fortalecido escandalosamente la desigualdad, cultivando la ignorancia y desactivando la posibilidad de progreso social: cuanto mayor sea la ignorancia, menores serán las herramientas de emancipación.

El responsable de los Informes PISA (Programme for International Student Assessment), que cada trienio califican el estado de la enseñanza en los países de la OCDE, Andreas Schleicher, venía a hurgar más en la herida cuando pontificaba que “profesores del siglo XX intentan educar a jóvenes del siglo XXI en escuelas del XIX”: toda una caricatura falsa del estado actual de la enseñanza. No hay tal disparidad de siglos, todos pertenecemos al siglo XXI, los profesores no son nostálgicos del siglo pasado y las escuelas actuales serían irreconocibles para un visitante del siglo XIX. El prejuicio de que los profesores no han comprendido de qué se les estaba hablando y no han sabido o podido asimilar toda la información, no deja de ser una boutade carente de verdad. Sí tiene razón en que los recursos económicos no son garantía de éxito; aunque no se puede mejorar la formación sin más dinero, éste solo explica el 20% del éxito, una mayor inversión no garantiza un mejor sistema . Las TIC (Tecnologías de Información y la Comunicación) no son ninguna panacea, son un mero instrumento que dependiendo de su utilización pueden mejorar capacidades o acentuar el adocenamiento, la carencia de referentes para la credibilidad de las fuentes o la intolerancia a la frustración. “Gracias a las nuevas tecnologías me informo al segundo y lo olvido al instante”, como recogía en una viñeta el genial El Roto.

Si el sistema educativo está exánime y exangüe, si los profesionales de la política no saben/quieren/pueden asegurar que los ciudadanos (para ellos súbditos) sean más cultos y educados, si la escuela no solo no compensa las desigualdades sociales sino que las agudiza, si la ciencia sigue percibida como amenaza o como mero artificio mental, si la casta pedagógica sigue teniendo aherrojados todos los centros de decisión, ¿a qué esperamos para decir bien alto que hasta aquí hemos llegado y que necesitamos una rebelión educativa cívica?

Daniel López Marijuán, profesor de Secundaria jubilado.

Cádiz, 8 de mayo de 2013.

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