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El marco de actuación sindical educativo en Andalucía

Una de las cuestiones que un trabajador puede plantearse es la de cómo es posible que en una administración donde en apariencia los sindicatos gozan de tanto reconocimiento, los trabajadores se encuentren tan manifiestamente desprotegidos, tanto ante los abusos de los administradores como de los administrados. En las siguientes líneas vamos a proponer unos apuntes que nos permitan interpretar el contexto en que se ha forjado este desafuero.

En primer lugar hay que considerar el marco que el Estado ha concebido para facilitar las relaciones entre los representantes de los trabajadores y las empresas. Conviene para entender esto hacernos a la idea de que el mundo sindical –por llamarle de algún modo- español viene arrastrando rémoras casi centenarias que han impuesto usos y costumbres que, si en alguna etapa histórica anterior pudieran haber tenido sentido, en el presente constituyen antes que otra cosa un obstáculo para alcanzar sus objetivos.

El marco actual de relaciones entre empresa y trabajadores se basa en un aparato de interlocución permanente donde representantes de ambos sectores se reúnen periódicamente en órganos denominados por lo común comités de empresa, que en los grandes sectores de actividad florecen y se ramifican, alcanzando en la administración pública su clímax en forma de Mesas Generales, Mesas Sectoriales y Juntas de Personal Docente en el caso que nos atañe. A su vez, todos ellos pueden constituir comités específicos para según qué temas, como es el caso de la Seguridad e Higiene. ¿De dónde proceden los miembros de todos estos órganos? Cada cuatro años hay elecciones sindicales y sólo las organizaciones que alcanzan un número mínimo de votos pueden tener representación en ellos. Las que no, se quedan fuera, tan vivas y activas como su propia dinámica les permita, pero excluidas de la participación en dichos órganos.

Como puede comprenderse, el marco de actuación sindical descrito acaba formando parte de la estructura de funcionamiento de la Consejería de Educación, eso sí, con la legitimidad que otorga el voto de sus trabajadores. Es decir, se halla subsumido en un organigrama cuyos tiempos y ritmos son marcados la mayor parte de las veces por la propia administración. Así, el representante de los trabajadores, el sindicalista, particularmente si dispone de liberación total de horas de trabajo,  tiene todas las trazas de un burócrata que cada mañana acude a su oficina en la Delegación o en la Consejería igual que cualquier otro empleado.

¿De dónde procede este sistema, tan alejado de la romántica estampa del sindicalista que arenga a sus compañeros en medio de la fábrica con el mono de trabajo puesto? Para empezar, sus orígenes no son tan impecablemente democráticos como algunos quisieran creer. Conviene dejar sentado que el modelo antes descrito, de órganos de interlocución permanente entre empresa y trabajadores, tiene su fundamento en el Estado corporativista que algunas dictaduras europeas pusieron en marcha durante el período de entreguerras (1918-1939) con la pretensión de eliminar los inconvenientes de la llamada lucha de clases, una de cuyas manifestaciones más llamativas fue una lucha sindical radicalizada con huelgas generales, lock outs y atentados terroristas. La repugnancia ideológica hacia el conflicto de clases condujo a algunos defensores del conservadurismo político a recuperar un concepto organicista del Estado, de raíz medieval, según el cual cada miembro del cuerpo nacional ocupa un lugar diferente en una empresa común. Así, la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) quiso hacer tabla rasa con el desorden revolucionario de los años previos encuadrando a sindicatos y patronos en los llamados Comités Paritarios, que arbitraban las demandas de los trabajadores bajo un organigrama de Comisiones Mixtas y Consejos de Corporación. Tal fue la confianza que depositó en este modelo el sindicalismo socialista, que los Jurados Mixtos de la II República (1931-1936) no fueron sino una puesta al día del mismo.

De modo que nos movemos en una forma de hacer sindicalismo organizada desde arriba con objeto de evitar los “inconvenientes” de la espontaneidad sindical, de la acción directa sin intermediarios. Y la línea de continuidad no se rompió con la Guerra Civil (1936-1939), pues el Estado nacional-sindicalista del General Franco va a llevar hasta sus extremos el encuadramiento de un sindicalismo oficializado en la organización administrativa del Estado. La Central Nacional Sindicalista (CNS) pretendió englobar a todos los españoles en un modelo “vertical” que integraba trabajadores, técnicos y patronos bajo una estructura jerarquizada cuya cabeza era el Estado; será este el modelo que amamante a los opositores a la dictadura de tal modo que, ya en los años sesenta, lo habían hecho propio presentando sus propias candidaturas en las elecciones sindicales franquistas; conviene recordar que unas siglas sobradamente conocidas nacieron y se forjaron en este peculiar contexto, bajo una suerte de “alegalidad” más o menos tolerante según las circunstancias.

Sirvan estos apuntes del pasado para comprender mejor el medio en que nos movemos. ¿Qué limitaciones ha dejado este legado en la acción sindical? Para empezar, a nadie le es ajeno que las hasta hace poco grandes centrales sindicales tienen una dependencia insoslayable del poder político, sea éste del color que sea, pues es quien les otorga representatividad e ingentes medios económicos y materiales. Aunque frente a esto puede argumentarse que la posesión de dichos recursos es perfectamente legítima y reconocida en nuestro ordenamiento constitucional, la realidad acaba mostrando que quienes los conceden disponen de un amplio espacio de actuación para administrar discrecionalmente esos recursos según sus conveniencias y la buena predisposición de quienes los reciben. Eso, mas la identidad ideológica entre unos y otros, conduce a la actual situación de postramiento y entrega a la voluntad de la Consejería de Educación que debemos padecer en Andalucía.

Resultado de todo ello es una estructura descomunal sometida al dictado de unos intereses que sólo en contadas ocasiones coinciden con los de los trabajadores de la enseñanza. Además, las Juntas de Personal Docente, las Mesas Sectorial y General andaluzas, éstas últimas mantenidas ilegalmente en manos del sindicalismo más dócil, han acabado convertidas en organismos casi inoperantes debido a los lentos y variados protocolos –y, por supuesto, a las complicidades políticas- que cada asunto debe recorrer. Tanto es así que, como efecto indeseado, las mismas organizaciones sindicales que viven de esto recurren a las influencias personales con tal o cual jefe cuando desean agilizar asuntos que, por el procedimiento normal, podrían eternizarse.

¿Qué papel ocupa en este marco un sindicato profesional e independiente como APIA? ¿Es aprovechable este marco de actuación para un sindicato como el nuestro? La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, al igual que otras organizaciones profesionales independientes que operan en la administración pública andaluza, parece nadar contra corriente en este marco concebido para un sindicalismo oficializado y de clase. Pero la realidad está demostrando que tal sindicalismo ha perdido la confianza de los trabajadores, particularmente en la enseñanza, por más que desde las instancias del poder político se pretenda mantenerlo vivo artificialmente. Así, el modelo de independencia y el carácter profesional –entendiendo este último rasgo como la consagración de la actividad sindical a la defensa de los intereses de un sector profesional concreto, los profesores de enseñanza secundaria- de APIA se sitúa en este marco defendiendo en primer lugar los intereses de los profesores, sin menospreciar todo lo que ataña al resto del sistema educativo pero alejados tanto de los discursos de “redención social” que con hipocresía unos exhiben, como de las apelaciones a una falsa independencia de otros. En segundo lugar, la participación de APIA en Juntas de Personal, Mesas y demás organismos anejos, es totalmente compatible con una acción sindical directa y libre que se fundamenta en la actuación de todos sus asociados y, en particular, en el uso de las vías administrativa y judicial que el ordenamiento legal pone a nuestra disposición, sin chalaneos ni componendas con las jerarquías educativas. Y, en tercer lugar, en un marco contaminado por la burocratización sindical y la corrupción, APIA puede exhibir una organización donde sus representantes son profesores en activo, sin liberados totales ni cargos orgánicos que se dilaten año tras año en el tiempo, y donde los ingresos de nuestra organización proceden casi exclusivamente de las cuotas de los afiliados, representando un 98,68 % de los mismos el pasado año 2013. En estos valores –carácter profesional, acción sindical directa, independencia política y económica- reside la fortaleza de APIA y sobre ellos habrá de situarse toda empresa de regeneración sindical que se precie.

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