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Como si nada. La Consejería ignora por completo la condición de "autoridad pública" de los profesores.

APIA acaba de remitir un escrito (del que informa el diario EL MUNDO) al Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, recordándole que desde el 30 de diciembre de 2013, tras la entrada en vigor de la LOMCE, los profesores ostentan la condición de “autoridad pública”, a pesar de lo cual la Consejería, hasta el momento, no ha mostrado la menor intención de abordar el desarrollo reglamentario necesario a fin de hacer efectiva su aplicación en nuestra comunidad autónoma.

Coincidiendo con el comienzo de un nuevo curso, la Consejería sigue manteniendo una legislación obsoleta, en lo que a este aspecto se refiere, que no hace sino prolongar de modo injustificado la desprotección que hoy por hoy sufren los docentes andaluces, particularmente ante situaciones que pueden revestir carácter penal . Urge modificar, entre otros, los Reglamentos Orgánicos de colegios y sobre todo de institutos, las Órdenes que los desarrollan y la Orden que regula la “convivencia” en los centros docentes.

APIA recuerda al Sr. Consejero que ni siquiera ha sido capaz de hacer cumplir los preceptos contenidos en el artículo 11º del actual Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria: ni ha garantizado la “presunción de veracidad” de los profesores, ante la Administración educativa, frente a alumnos y padres, ni ha promovido nunca ante la Fiscalía la calificación como atentado de las múltiples agresiones y otros delitos de que han sido objeto los docentes desde 2010, fecha de entrada en vigor del citado reglamento.

Finalmente, le urge para que aborde las MODIFICACIONES LEGISLATIVAS oportunas, acabando con la notable inseguridad jurídica que hoy afecta a los profesores andaluces como consecuencia de la inacción de la Consejería; y dicte INSTRUCCIONES CLARAS a sus Delegaciones territoriales y a través de ellas, a las Direcciones de todos los centros docentes de Andalucía haciéndoles saber:

1. Que han de respetar y hacer respetar la “presunción de veracidad, iuris tantum” que ostentan los profesores en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas, estando dispensados de probar los hechos alegados en cualquier procedimiento, ya que la carga de la prueba recae legalmente en la parte contraria (sean alumnos, padres o tutores legales).

2. Que a partir de enero de 2014 son de aplicación los artículos 24, 550, 551, 552 y 556 del Código Penal en el ámbito docente, por lo que procede imponer la obligación a Inspectores y/o Directores de colegios e institutos de la comunidad autónoma, de poner en conocimiento de la Fiscalía con la mayor celeridad posible aquellos hechos que, de acuerdo con los preceptos anteriores, puedan revestir carácter delictivo y tengan como víctimas a los profesores. De igual forma se insta a la Consejería a que disponga la obligación legal de personarse como acusación en todos los procedimientos judiciales abiertos por delitos cometidos contra docentes.

3. Que ordene inmediatamente a los servicios de Inspección Educativa, y a través de éstos a los titulares de las direcciones de los centros docentes andaluces, la modificación urgente de los Planes de Centro, de tal modo que sus Reglamentos de Organización y Funcionamiento incorporen los cambios legales referidos y puedan ser conocidos por toda la comunidad educativa.

El artículo 9.3 de la Constitución Española, en función del principio de seguridad jurídica, obliga a los poderes públicos a dictar normas claras en aplicación de las leyes, desterrando cualquier confusión normativa como la que hoy pervive en la legislación docente andaluza, en lo que respecta al carácter de “autoridad pública” de los profesores y sus lógicas consecuencias  legales. El Sr. Consejero no puede seguir eludiendo su responsabilidad por más tiempo,  debiendo, más que nadie dentro de la Consejería, sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 

APIA no consentirá que la situación actual se prolongue por más tiempo y advierte que acudirá a la Fiscalía si la Consejería sigue en sus trece, ignorando por completo la existencia del artículo 124.3 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y las importantes consecuencias que de él se derivan.