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Dos nuevos "aprobados de despacho" en un IES de Málaga

La Consejería, esta vez a través de su Delegación territorial en Málaga, vuelve a las andadas, aprobando a dos alumnos de bachillerato suspensos en septiembre, amparándose en sorprendentes informes de la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, cuya composición se mantiene en secreto

    La titular de la Delegación territorial en Málaga de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en la línea habitual a que nos tiene acostumbrados la institución, ha dictado sendas resoluciones en noviembre pasado, aprobando las asignaturas de Latín I y Griego I a dos alumnos de 1º de Bachillerato del IES Vicente Espinel, de Málaga, que habían obtenido en la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2014, un 0.3 y un 0.8, y un 0.2 y un 2.3, respectivamente. Los teóricos motivos de la decisión adoptada por la Delegada territorial, prácticamente idénticos en ambas resoluciones, han levantado ampollas en el Claustro de profesores del instituto, que ha dirigido a la Delegación un escrito de protesta firmado por treinta y seis de sus miembros, en el que manifiesta su desacuerdo con los pretendidos motivos aducidos (falta de adecuación de los criterios, instrumentos y procedimientos de evaluación), destacando que la Delegación ha pasado por alto los informes de evaluación negativa de junio, entregados a los interesados, en los que se detallaban los contenidos, criterios, instrumentos y procedimientos de evaluación para la prueba extraordinaria de septiembre, como puede constatarse de modo fehaciente. Por su parte, los Departamentos afectados, de Latín y Griego, han hecho público un comunicado manifestando que sus Programaciones Didácticas, puestas en tela de juicio –presuntamente– por la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, habían recibido previamente todas las sanciones legales oportunas, incluida la supervisión de la inspección educativa, sin que hubieran sido objeto de impugnación en ningún momento por parte de profesores, padres o alumnos. Del mismo modo, destacan que los citados alumnos no entregaron, cuando se les solicitó, el cuaderno y las actividades de lectura y comprensión, aspectos muy relevantes de la evaluación de los contenidos de etimología, vocabulario y cultura grecolatina. Y afirman que los procedimientos de evaluación, al contrario de lo que dice la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, sí forman parte de la Programación Didáctica de ambos departamentos, dentro de los apartados Metodología y Criterios de evaluación, estando aquella, por su parte, perfectamente adaptada al contexto, como prueba el elevado porcentaje de alumnos aprobados en las evaluaciones finales, así como los excelentes resultados obtenidos en la prueba de acceso a la Universidad. Por último, lamentan el grave deterioro que las referidas resoluciones de la Delegada territorial suponen para la Enseñanza pública y el menosprecio que encierran hacia sus profesionales. Como en casos precedentes, y van muchos si consideramos las ocho provincias andaluzas, las resoluciones de la Delegación territorial de Málaga, sustituyen de hecho la función evaluadora realizada por los profesores afectados –a pesar de haber sido reafirmada por los correspondientes Departamentos didácticos– dejándola sin efecto, en base a pretendidos defectos formales, CONCEDIENDO EL APROBADO DE FORMA AUTOMÁTICA, pero, y, es lo más llamativo, SIN PROCEDER, como sería necesario, A UNA NUEVA EVALUACIÓN de los alumnos reclamantes. De ahí el estupor que produce ver como se cambia un 1 por un 5 sin el menor pudor, en lo que constituye con toda probabilidad un verdadero fraude de ley. El círculo se cierra si consideramos que el órgano, cuyos dictámenes han servido a la Delegada territorial para proceder de esta forma, esto es, la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, es un órgano clandestino, dado que su composición permanece en el más absoluto de los secretos, a pesar de ser un órgano de la Administración pública y de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Granada, de 8 de julio de 2013, que declaró contraria a derecho, e impropia de un Estado democrático, dicha circunstancia. APIA solicitó el pasado tres de diciembre a la titular de la delegación territorial de Málaga, entre otros, la composición de la citada comisión provincial, sin haber obtenido respuesta alguna, por lo que sopesa acudir a la jurisdicción que corresponda para acabar con esta actitud obstruccionista y marcadamente ilegal.

El periódico EL MUNDO se ha hecho eco de esta nota de prensa.