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APIA reclama al Ministro de Educación un control efectivo de las pruebas de evaluación final

APIA reclama al Ministro de Educación un control efectivo de las pruebas de evaluación final de Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato para evitar su manipulación por parte de las diferentes Administraciones educativas

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha remitido al Sr. Ministro de Educación del Gobierno de España un escrito de alegaciones al borrador de Proyecto de Real Decreto que regulará las pruebas de evaluación final previstas en la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en el que viene a mostrar su preocupación por que finalmente dichas pruebas no sirvan al objetivo con que originalmente fueron concebidas.

Si bien, en el documento avanzado por el MECD se aclara que esta institución se encargará de fijar las fechas, características y condiciones de aplicación y corrección de la evaluación, aplicables a todo el sistema educativo español, no se nos oculta la abierta rebeldía con que vienen manifestándose reiteradamente –respecto de dichas pruebas- responsables educativos de algunas comunidades autónomas, entre ellas el mismísimo Consejero de Educación de la Junta de Andalucía. Como tampoco debe resultarnos intrascendente la experiencia acumulada en relación a las (tan fallidas como controvertidas) pruebas de diagnóstico, introducidas por la LOE y que, convenientemente procesadas (tanto en su diseño como en su corrección), únicamente han servido para perpetuar uno de los peores sistemas educativos del mundo. Baste recordar el esperpento protagonizado por la Consejería de Educación de la Junta en relación a las últimas pruebas de diagnóstico desarrolladas en nuestra comunidad autónoma, después de que se filtraran previamente a su realización sin que ello tuviera la más mínima consecuencia, ni afectara a las conclusiones finalmente obtenidas.

Es por todo ello y en previsión de que la competencia otorgada a las diferentes Administraciones educativas, esto es, “garantizar las condiciones adecuadas de aplicación y calificación” de las pruebas, acabe por malograr lo único que a nuestro juicio cabe recuperar de la LOMCE (al homologarnos al estándar de los países desarrollados de nuestro entorno), por lo que APIA ha propuesto lo siguiente:

1. Que se garantice la utilización de un procedimiento completamente aleatorio para elegir al profesorado externo encargado de la aplicación y corrección de las pruebas, definiéndose con claridad su condición de funcionario de la enseñanza pública.

2. Que se haga explícito pronunciamiento del carácter público de los resultados, más allá de los reducidos límites de la comunidad educativa, de manera que pueda garantizarse la prestación del servicio público en condiciones homogéneas en todo el territorio nacional y se respete, con ello, el principio constitucional de igualdad de oportunidades.

3. Que se constituya un órgano permanente, dentro de la Alta Inspección del Estado, encargado de velar en todo momento por el escrupuloso respeto -por parte de las Administraciones Educativas- de las fechas, características, condiciones de aplicación y corrección de las evaluaciones finales reguladas en el Real Decreto.

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La prensa ha recogido esta nota aquí y aquí.