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Deformación permanente

Una de las cosas más peligrosas que le pueden ocurrir a un oficio es que se olvide de sí mismo. La amnesia se ha convertido en una seria amenaza para el oficio de profesor. Una tenaz campaña de adoctrinamiento y el hábil manejo del palo y la zanahoria han logrado que muchos olvidemos que un profesor es un especialista académico, que conoce en profundidad su materia y es capaz de transmitirla del mejor modo posible, que el conocimiento profundo de una materia no garantiza la capacidad de transmitirla, pero que sin él es imposible hacerlo adecuadamente, ni contagiar al alumno la pasión por ella. Somos una profesión intelectual, y si esa afirmación te hace sonreír es que el proceso de amnesia ya está avanzado.

Corremos el riesgo de olvidar incluso lo que es un oficio. Un oficio comprende un conjunto de conocimientos, pero además una intrincada trama de estrategias, habilidades, recursos y hábitos, que no se aprenden expresamente uno por uno, ni conforman un catálogo cerrado que uno pueda enumerar en un informe. Son recursos que van naciendo y creciendo de la experiencia, que enraízan en la personalidad del profesional sin que éste sepa necesariamente explicitarlos. A eso le llamamos "tener tablas"; eso es tener oficio.

Por otra parte somos conscientes de no ser nuestros propios jefes; somos servidores del Estado. Es legítimo que tengamos que rendir cuentas de los resultados de nuestro trabajo, es decir de nuestra capacidad de conseguir que los alumnos progresen en el conocimiento de nuestra materia, considerando el punto de partida del que salimos y las condiciones de nuestro trabajo. Y es legítimo que se nos exija ser buenos profesionales y mejorar cada vez más en nuestro oficio.

Pero lo que la Consejería vuelve a vendernos con el envoltorio de proyecto de Decreto de Formación Inicial y Permanente del Profesorado no es sino el mismo pescado de siempre, cada vez más estropeado. Primero, lo que la Consejería debería establecer como criterio para juzgar el trabajo de un profesor, no lo establece. No se definen los niveles académicos objetivos que se deben alcanzar en cada curso, ni existe forma alguna de medir objetivamente cuánto consigue un profesor mejorar a sus alumnos partiendo de los niveles previos. Por tanto, lo que nuestros jefes tendrían derecho a exigirnos, ni lo exigen, ni tienen la menor idea de cómo exigirlo, ni la menor intención de hacerlo.

Segundo, donde la Consejería no tiene el menor derecho a entrometerse, se entromete. Corresponde exclusivamente al profesor, que es quien conoce su materia, decidir cómo hacer su trabajo para alcanzar los niveles académicos exigidos. Si la Consejería ha decidido no fijar qué se debe enseñar es problema suyo, pero eso no le da competencia para decidir cómo enseñar. En cualquier profesión normal se llamaría a eso sentido común. En la nuestra se le llama libertad de cátedra y, junto a una Función Pública transparente, es la garantía democrática de que el docente realizará la labor que la sociedad le ha encomendado sin convertirse en siervo de la manipulación política.

Tercero, convertida la evaluación de la enseñanza en una maquinaria que gira en el vacío, la Consejería la emplea como instrumento para seleccionar y premiar a los profesores de acuerdo a su propio criterio de calidad, su docilidad y su adhesión, quebrantando en el camino todos los principios de libre concurrencia que otorgan su autonomía a la Función Pública. Así que convierte una serie de objetivos inútiles y arbitrarios en criterios de calidad de los profesores, y por tanto en criterios de su evaluación y promoción profesional. Y en virtud de esos criterios establece unos requisitos de formación, que servirán para otorgar premios, castigos, cargos y privilegios, y trata de monopolizar la formación del profesorado mediante una maquinaria obediente.

Y de eso va el decreto de formación. Reencontramos en él las viejas obsesiones de la Consejería y el lobby logsiano. Ser buen profesor aparentemente no requiere el dominio de la materia. Por eso se exige a los futuros profesores renunciar a un máster de especialización y perder su tiempo y su dinero en un máster de adoctrinamiento pedagógico. Las competencias profesionales deseables no se limitan a los actos, sino que incluyen estados privados de conciencia como "reconocer el valor de" lo que a la Consejería le venga en gana. La iniciativa individual es sospechosa: la formación debe realizarse en el centro y bajo las condiciones de la Consejería. Sólo así la formación se computa en el horario, aunque uno se pregunta si aún quedan minutos libres para ello. El buen profesor no es aquel que ha aprendido por experiencia a ejercer su oficio bien y con responsabilidad, sino el que se comporta como un hiperactivo de la "innovación", la "renovación" y la "experimentación" pedagógicas. El buen profesor no es aquel capaz de publicar en revistas científicas reconocidas, sino el que desarrolla ese tipo de "investigación educativa" amateur que no resistiría ni la crítica más piadosa. Sólo es buen profesor aquel que siente la necesidad espiritual de participar en las pintorescas "comunidades de aprendizaje", constituir "redes profesionales" basadas en el "trabajo cooperativo" o aprender "buenas prácticas docentes" de quien no enseña.

¿Y quién nos orientará paternalmente por la senda de la formación? Una multitudinaria Comisión Andaluza de Formación del Profesorado, formada de acuerdo a los más puros preceptos de la "democracia orgánica", cuya mayor virtud es la de ser exquisitamente inútil. En cada Delegación un coordinador provincial nombrado a dedo. Y por supuesto, los casi 400 "asesores de formación" de los 32 "imprescindibles" Centros de Profesores: docentes que han dado clases cuatro años (casi seguramente no en la especialidad en la que te asesoran) y que han hecho un proyecto que, por algún motivo, ha gustado a un jefe de personal, el coordinador provincial y un puñado de directores. O que han recibido graciosamente una "asesoría extraordinaria". Estos asesores actúan en los centros como benevolentes comisarios políticos: "diagnostican", "elaboran", "impulsan", "informan" de lo que se exige de los profesores y "favorecen", "propician" o "velan" por que se realice, para lo cual pueden entrometerse hasta en las reuniones del Claustro. Y en la cúspide de la maquinaria, la oscura AGAEVE, premiando a los profesores aplicados y castigando a los recalcitrantes. Ante tal reparto de poderes inquisitoriales, está plenamente justificado el malestar despertado entre la Inspección al hilo de Plan Plurianual de Evaluación.

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