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Mens sana in corpore insepulto

Aunque a estas alturas (educativas) hay poco margen para el escándalo, la noticia conocida hace unos días ha causado una profunda y general consternación. Se trata del doblete firmado por el titular de la Delegación provincial de Sevilla, que, a resultas de la reclamación presentada por unos padres contra las calificaciones de septiembre de su hijo, resolvió, primero, aprobarle dos de las cinco asignaturas suspensas, para coronar después la gesta, titulando al susodicho, de una manera, no ya completamente extemporánea, sino carente de la más mínima fundamentación legal.

El, digamos, atrevimiento no es por desgracia un hecho aislado y sin precedentes conocidos. Forma parte de una práctica mucho más habitual de lo higiénicamente recomendable. Si bien es cierto que hay que reconocerle al Sr. delegado el mérito de haber superado lo hasta ahora conocido. Un paso mas allá que presagia una venturosa carrera política, tan brillante, esperemos, como la que él mismo ha sido capaz de imaginarle al agraciado pupilo.

La prensa ha dado buena cuenta de la colosal chapuza del delegado, que ha conseguido aunar en la crítica al Claustro y al AMPA del instituto, conocedores de primera mano de lo injusto, discriminatorio y aberrante de su actuación.

Pero lo verdaderamente alarmante es que ante un exceso de semejante naturaleza, ninguno de los poderes de Estado que debían servir de freno, hayan mostrado la menor intención de investigar y perseguir el descalabro. No se trata ya de poner en duda la doble instancia, a la que cualquier administrado tiene derecho, sino de dilucidar las verdaderas razones que han llevado al delegado, en este caso, a actuar fuera de la ley. Porque resolver, en vía administrativa, sobre la titulación del alumno cinco meses después de planteada la reclamación, así como -erigiéndose en primera y última instancia-, hurtar al equipo educativo la decisión soberana de resolver la posterior reclamación contra la no titulación del alumno, una vez disipados dos de los cincos suspensos, constituyen una notoria infracción de la norma legal que regula las reclamaciones de los alumnos (véase la orden de evaluación en la ESO). 

Debería corresponder al Ministerio Público la investigación de oficio de unos hechos que parecen prefigurar la intención indisumulada de eludir el derecho y la ley, a los que debe sometimiento pleno todo responsable público.

Son ya demasiados los cadáveres que yacen insepultos como consecuencia de actuaciones de este género, que contribuyen únicamente a envilecer y degradar la enseñanza pública. Mientras todo siga así no habrá forma de identificar nuestro sistema público educativo con otra cosa que no sea un inquietante oxímoron.